Guadalajara tampoco informa de las antenas de telefonía móvil

Ecologistas en Acción de Guadalajara ha presentado una queja ante la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha, Doña Henar Merino, contra le Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, por no contestar de forma expresa y motivada, según el Art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Regimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (RJAP y PAC), así como en virtud al acceso a la información en materia de medio ambiente, regulado en la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, con fecha de entrada en el registro del 10 de marzo de 2006, relativa a una petición de información sobre la situación de las antenas de telefonía móvil, solicitando el estado actual de cumplimiento de la normativa municipal y regional que regulan estas instalaciones. En dicha carta dirigida al Ayuntamiento el 10 de marzo de 2006, citabamos textualmente:

"Ecologistas en Acción de Guadalajara se dirige a usted para solicitar toda la información referente a la situación actual de las antenas de telefonía móvil en la ciudad de Guadalajara y pueblos anexionados, haciendo constar lo siguiente: Inventario de antenas de telefonía móvil, control y seguimiento por parte de la administración local, situación actual de legalización de las existentes, mediciones que se realicen o no, propuestas de instalación en curso, denegaciones, etc..., todo ello en cumplimiento de la ordenanza reguladora de estas infraestructuras de telecomunicaciones tanto municipal como regional....."

Este hecho, demuestra una vez mas, como el Ayuntamiento de Guadalajara practica la politica del silencio, del incumplimiento de la ordenanza de participación ciudadana, las leyes estatales y regionales, y en definitiva la propia Constitución Española. Consideramos esta actitud como "nada democrática" y esperamos que cambie, porque la política de imagen del Ayuntamiento capitalino contrasta mucho con la realidad.

Cabe destacar, que el Gobierno central aprobó en el mes de julio de este año, la LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora lasDirectivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), donde obliga a dar contestación a lo ciudadanos de forma motivada, expresa y por escrito en el plazo de un mes.




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