Alegaciones al convenio urbanístico de Las Pachecas

Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones contra el convenio urbanístico de Las Pachecas, en Argamasilla de Alba, que el Ayuntamiento de esta localidad quiere suscribir con la empresa Inversiones Arahonde, para construir 900 viviendas, un hotel, un aeródromo y dos campos de golf en un encinar protegido.

Este proyecto duplicará con creces el volumen de consumo de agua de una población incluida en el proyecto de abastecimiento a la Llanura Manchega a través del acueducto Tajo-Segura-La Mancha, y que en la actualidad se abastece de un embalse, el de Peñarroya, que jamás ha podido cubrir las necesidades de la zona regable del mismo nombre, declarada de interés histórico.

Ecologistas en Acción sostiene que la mayoría de las estipulaciones contenidas en el convenio urbanístico son nulas de pleno derecho por contravenir, infringir y defraudar objetivamente la normativa ambiental y urbanística vigente, primando los intereses particulares -los de Inversiones Arahonde, SL- frente a los generales -los de todos los ciudadanos y los del medio ambiente-.

Ecologistas en Acción denuncia arbitrariedad y falta de motivación para permitir como uso compatible la instalación de campos de golf en Suelo No Urbanizable de Especial Protección, pues según la normativa legal vigente, este tipo de actuaciones sólo se podrán realizar cuando se den las circunstancias siguientes: que no impliquen riesgo significativo, directo o indirecto, para la integridad de cualesquiera de los valores objeto de protección del espacio natural, cambios en la cubierta vegetal y afección a ecosistemas acuáticos o aguas subterráneas; y que no impliquen riesgo de formación de núcleo de población ni pueda presumirse finalidad urbanizadora, como sucede en este caso.

Por otro lado, en ningún caso queda justificado el incremento del 300 a 900 viviendas. El Plan inicialmente presentado y sometido a evaluación ambiental preliminar ante la Consejería de Medio Ambiente, se ha multiplicado por tres con respecto al que ahora se pretende desarrollar; y, lo que es más grave, sin que la evaluación ambiental preliminar haya podido entrar a considerar el verdadero impacto de este nuevo proyecto, que triplica al anterior.

Un aspecto especialmente grave es el relacionado con el agua. Los terrenos en que pretende instalarse la urbanización y los campos de golf carecen de derechos de agua, no estando, por tanto garantizado su suministro. Tras la denegación por la Dirección General del Agua de la solicitud (fraudulenta según la Abogacía del Estado) de abastecimiento del embalse de Peñarroya, los promotores del proyecto solicitaron a la Confederación Hidrográfica del Guadiana una concesión de aguas residuales de la depuradora (EDAR) de Argamasilla-Tomelloso, aún no construida.
Por consiguiente, todo el proyecto se sustenta sobre la hipótesis de una concesión para aprovechamiento de aguas residuales que aún no se ha aprobado; la solicitud de dicha concesión se hace a una EDAR que aún no se ha construido; los caudales de aguas depuradas que dicha EDAR resultan en todo caso insuficientes para abastecer las necesidades hídricas de campos de golf y zonas ajardinadas privadas y públicas. Y, por último, es falso que los greens de campos de golf puedan mantenerse exclusivamente con aguas recicladas, pues la derivación de aguas residuales recicladas para el riego de campos de golf, no es sino un intento de enmascarar el enorme derroche de agua que este tipo de proyectos conlleva, ya que está demostrado que, en la práctica, ningún campo de golf se riega exclusivamente con aguas residuales, entre otras razones, por el exceso de nutrientes que dichas aguas contienen, lo cual provoca efectos negativos en los greens.

En todo caso, consideramos que toda agua depurada a través de depuradoras públicas, construidas y mantenidas, por tanto, con fondos públicos, debe dedicarse exclusivamente a la recarga del acuífero, del cual provienen dichas aguas, tal y como se recoge en el borrador del Plan Especial del Alta Guadiana.

Finalmente, Ecologistas en Acción considera que la evaluación ambiental preliminar no ha tenido en cuenta la importancia del ámbito de la actuación, dehesas y montes principalmente, para numerosas especies amenazadas, como el Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Ratonero común (Buteo buteo), Águila calzada (Hieraaetus pennatus), Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), Avutarda (Otis tarda), Ganga común (Pterocles alchata) u Ortega (Pterocles alchata), entre otras, todas ellas incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, con respecto a las cuales la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, prohíbe taxativamente la destrucción de sus zonas de nidificación, alimentación, invernada o reposo.




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