Valoramos negativamente la gestión de Federico Valle como Delegado de Medio Ambiente durante el año 2006

En vísperas de reyes, Ecologistas en Acción ha entregado carbón al delegado municipal de medio ambiente, Federico Valle, por su nefasta gestión al frente de esta delegación durante el año 2006.

En términos generales la evaluación negativa se basa en la ausencia de una mínima planificación ambiental; una actitud autoritaria: reflejada en la voluntad de impedir la participación ciudadana y la negativa a dialogar con los colectivos ciudadanos. En el incumplimiento de diferentes leyes y normas ambientales y en la ausencia de ordenanzas municipales de medio ambiente.

La mayor amenaza ambiental que se cierne sobre Sanlúcar es el nuevo PGOU impulsado por el gobierno local: existen actualmente 18.000 viviendas legales y 6.000 ilegales. Se pretenden construir más de 30.000 nuevas, sepultando casi todos los viñedos bajo el ladrillo y los campos de golf. Una catástrofe ambiental y social, si las nuevas leyes o la voluntad popular no lo remedian.

La gestión de los residuos continúa siendo muy deficiente. La recogida selectiva es muy deficiente existiendo solo la mitad de contenedores amarillos, verdes y azules, que marca la normativa andaluza. Casi toda la basura acaba en el vertedero de Miramundo (constituyendo esto una grave infracción de la ley de residuos). Sellado el vertedero de Trebujena, decenas de escombreras ilegales proliferan por Sanlúcar sin que se haya puesto ni una sola multa. Varios de los concejales del Equipo de gobierno PP-AS están imputados por delito ambiental (por vertido ilegal de residuos) a la espera de juicio.

La situación de las antenas de telefonía es caótica, la mitad funcionan sin licencia y existe una política de ocultación de la información (infringiendo la ley de acceso a la información medioambiental).

La participación ciudadana a través del Consejo Asesor de Medio Ambiente es activamente impedida por el delegado que infringe el reglamento municipal que obliga a convocarlo cada dos meses. En lugar de ello, se malgasta dinero público en la agenda 21 local que pretende ser un proceso de planificación ambiental participativa y que es un fraude.

Los pinares y las lagunas de Bonanza siguen en situación lamentable. El ayuntamiento permitió el riego ilegal del campo de Golf de Martín Miguel con las aguas subterráneas de esta zona. Numerosos árboles han sido talados en el casco urbano sin la menor consideración.

Sigue sin haber una sección de la policía local dedicada a vigilar y sancionar las infracciones ambientales (UPROMA). Persisten los vertidos de aguas residuales a la playa urbana a través del arroyo de San Juan.

El tráfico y el ruido son un problema cada vez mayor. Es positivo el hecho de la presentación de una ordenanza de ruido (con dos años de retraso respecto a la obligación legal). Pero nada se ha hecho por potenciar el transporte público y el uso de la bicicleta.