El TSJ ordena paralizar las obras del aparcamiento de la Plaza de Portugalete

Por Sentencia nº 2.228, de 15 de diciembre de 2006, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha ordenado la paralización de las obras del aparcamiento de la Plaza Portugalete, solicitada el pasado mes de abril por Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid y denegada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Valladolid, por auto de 31 de mayo de 2006.

El TSJ ordena al Alcalde de Valladolid “bajo su directa y personal responsabilidad” la paralización inmediata de las obras de construcción del aparcamiento rotatorio, suspendiendo cautelarmente la aprobación del Proyecto de Construcción y de la licencia ambiental del aparcamiento, así como del Proyecto de Urbanización de su superficie exterior, hasta que resuelva el recurso judicial en curso. El Proyecto de Construcción fue aprobado por Decreto de Alcaldía de 20 de diciembre de 2005, y la licencia ambiental por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de febrero de 2006.

Basa su decisión el Tribunal en que el emplazamiento elegido para este aparcamiento rotatorio incumple los criterios establecidos por el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, al localizarse en pleno centro urbano y no en su periferia, no apoyarse sus accesos en vías principales ni colectoras, invadir varios viarios en los que este uso está prohibido y estar la Plaza de Portugalete expresamente desaconsejada para la instalación de un aparcamiento de estas características.

El Tribunal considera además que el Ayuntamiento no puede invocar ni el Estudio de Detalle de la plaza, aprobado por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 4 de octubre de 2005, ni el Plan de Movilidad Urbana de Valladolid para justificar la localización en el centro de este aparcamiento rotatorio, toda vez que ninguno de estos instrumentos de planeamiento puede prevalecer sobre la ordenación general realizada por el Plan General de Ordenación Urbana.

Finalmente, la Sentencia señala que “el interés público prevalente no es tanto la ejecución de unas obras, sino que las mismas se realicen, en este caso, con respeto a las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana aprobado, pues éste vincula no sólo a los particulares sino también a la Administración [...], y el principio de eficacia de la actuación administrativa ha de efectuarse siempre con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como establece el art. 103 de la Constitución, lo que aquí no se efectúa con los actos administrativos impugnados”.

Ecologistas en Acción, la Federación de Vecinos e Izquierda Unida se felicitan de que en esta ocasión el ánimo infractor del Ayuntamiento no se beneficie de la lentitud de la Justicia, como sí ocurrió en el caso de los aparcamientos de la Plaza de España y la Plaza de Zorrilla, declarados ilegales tras haber entrado en funcionamiento. Esta decisión beneficiará por ello la salud de los vallisoletanos, amenazada por la delicada situación de la calidad del aire en la ciudad, que el proyecto paralizado amenazaba con empeorar al inducir más de 3.000 desplazamientos diarios de vehículos privados.

No obstante, los recurrentes lamentan que esta resolución judicial no se haya producido en primera instancia, lo que habría evitado los daños ocasionados por la construcción del aparcamiento sobre el patrimonio arqueológico, y los ingentes gastos ocasionados por la obra, cuya reposición al erario público deberían realizar las autoridades responsables de decisiones tan manifiestamente ilegales.




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