La desregulación del mercado energético dificulta la reducción de emisiones.

Ladislao Martínez, Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 53.

Aunque ya no hay ambigüedad en los discursos oficiales sobre la relevancia de luchar contra el cambio climático, la situación es esquizofrénica por cuanto las políticas reales van por un camino muy distinto. Esto es especialmente claro en el sector energético español, donde se sigue atendiendo prioritariamente a los intereses económicos de las grandes empresas antes que a otras consideraciones.

No es ninguna sorpresa que la producción, transformación y uso final de la energía son los principales responsables del cambio climático. Según el informe de CC OO [1] sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en nuestro país en 2006, las de origen energético [2] significaron el 78,5% del dióxido de carbono equivalente [3] total emitido, con un incremento de casi el 60% sobre el año base (1990). También es un hecho conocido que nuestro país tiene el discutible privilegio de ser uno de los más alejados a la hora de cumplir los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto.

Singularidad española

Para explicar la singularidad española, hay que pensar en tiempos largos y buscar causas de fondo. Entre éstas se encuentran las modificaciones legales impulsadas por el primer Gobierno del PP que afectaron a las dos leyes energéticas básicas: la del sector de la electricidad y la de hidrocarburos [4]. El entonces ministro de industria, Josep Piqué, dio un giro radical al sector de la energía haciendo retroceder drásticamente la presencia del Estado en él. La característica más destacada de la primera ley fue que se sustituyó la idea de planificación por la de competencia como mecanismo para regular el funcionamiento del sistema. Junto a ello está la “libertad de establecimiento de nueva potencia y de elección de combustible” [5] que modifica la situación anteriormente existente en que era el Estado, a través del plan energético, quién determinaba qué tipo de instalación se construía y qué combustible se empleaba. Sólo se planifican las instalaciones de transporte, pero no las de generación.

Y finalmente el cambio desde el sistema de “reconocimiento de costes”, en que el Estado auditaba las cuentas de las compañías y retribuía el kW-h cubriendo costes y pagando un margen de beneficio establecido, por el de “oferta competitiva” donde las compañías pugnan entre sí en el precio. En el sector de hidrocarburos se partía de una mayor desregulación, pero, sobre todo en lo referente al gas natural (que como la electricidad se transporta por redes) el esquema es muy similar. En una y otra, se mantiene cierta intervención administrativa a la hora de definir los precios (las llamadas tarifas) que afectan cada vez a un número menor de usuarios y que tienden a desaparecer con el paso del tiempo. En modo alguno es exagerado decir que el sistema energético español es de los más liberalizados de Europa.

Esta profunda modificación coincidió en el tiempo con una reducción importante del precio de las materias primas energéticas en los mercados internacionales y que duró desde los primeros 90 hasta 2003. Esto permitió aplicar políticas de reducción de los precios reales [6] de los productos energéticos, que trajeron como corolario un crecimiento importante del consumo. No sólo creció la energía, sino que también lo hizo la intensidad energética como muestra el gráfico 1. Este hecho es bastante singular en la UE donde la energía ha ido usándose de forma más eficiente con el paso del tiempo.

Gráfico 1

De nuevo resultan falsas algunas explicaciones que pretenden que la energía se usa de un modo más eficiente sólo cuando se consigue un nivel determinado de desarrollo (que nadie por supuesto precisa). La propia gráfica muestra que nuestro país estuvo mejorando su intensidad energética durante la década de los 80, y que fue en los 90, cuando los precios energéticos bajaron y se decidió impulsar el crecimiento con energía barata, cuando la tendencia se revirtió.

Tampoco puede pasarse por alto el total desmantelamiento del sector público empresarial (Repsol y Endesa principalmente) que ha impedido realizar políticas de más largo alcance, no pensando sólo en la maximización de beneficios a corto plazo, sino también en el desarrollo de tecnologías menos lesivas con el medio, de reequilibrio territorial y de creación de tejido industrial.

Cambio de tendencia

Podemos situar en torno a 2003 un cambio significativo de tendencia. Los precios internacionales de los productos energéticos comenzaron una significativa subida. El fuerte crecimiento de la demanda mundial de energía (impulsado sobre todo por el vigor económico de grandes países como China e India), el progresivo agotamiento de los yacimientos petrolíferos convencionales, ciertas incertidumbres geopolíticas (como la suerte de la ocupación de Iraq que no permite un aumento del volumen de extracción, la relativa autonomía de los centros de poder internacionales de países como Irán y Venezuela, los frecuentes enfrentamientos de Nigeria…) y algunos sucesos coyunturales como la destrucción temporal de pozos y refinerías por huracanes virulentos, provocaron una significativa subida del petróleo.

Al ser el petróleo la fuente de energía de mayor uso mundial (en torno al 40% del total de la demanda) ejerció un efecto de arrastre sobre los precios del resto de las materias primas energéticas. El arrastre sobre el gas se debe a que muchos contratos internacionales están indexados a los productos petrolíferos a los que puede sustituir (gasoil, fuel y gases licuados) y resulta menos directo, aunque también perceptible, el caso del carbón y el uranio afectados también por coyunturas propias.

Aunque la tendencia parece haberse atemperado momentáneamente en 2006, hoy existe una casi total unanimidad al hablar del fin de la época de precios energéticos bajos. Si en la segunda mitad de los 90 organismos tan serios como la Agencia Internacional de la Energía contemplaban unos precios del petróleo del orden de 20 $/barril, la realidad les pasó abruptamente por encima, iniciándose una rápida subida, sobre todo entre 2003-05 que llevó los precios del crudo a valores medios por encima de 65 $/barril durante varios meses. A finales de 2002 el precio del kilogramo de concentrado de uranio (U3O8, llamado también torta amarilla) estaba a unos 17 $, mientras que a principios de 2007 escaló hasta los 190 $. Otro tanto ocurrió con el carbón que durante 2006 subió hasta 70 $/t.

Creo que tiene interés analizar brevemente el trasunto físico de esta subida de precios. En la actualidad hay un sentir generalizado de que la extracción de petróleo convencional ha alcanzado su pico de extracción [7]. Quedan los llamados petróleos no convencionales de aguas profundas (sobre todo en costas de Brasil, Nigeria, Golfo de Méjico y Angola) que no han conseguido responder a las expectativas de los más optimistas, y los crudos pesados de Venezuela y de Canadá. Estos últimos se obtienen con una minería muy agresiva, casi siempre extrayendo la roca o arena que lo alberga y calentando hasta disminuir la viscosidad del crudo. Todos estos petróleos no convencionales son por tanto mucho más caros de extraer y con un coste energético mucho mayor. Su uso es, además, muy impactante por su alto contenido en azufre y metales pesados. En la actualidad en la extracción de petróleo se gasta un 10% de la energía que se recupera (frente a un 1% en 1950), cifra que supera el 30% en el caso de las arenas de Alberta (Canadá) de donde provienen en torno a 1 millón de barriles al día.

En nuestro país el cambio de gobierno significó también un cambio de tendencia. Frente a los últimos gobiernos del PP, ebrios de sus éxitos macroeconómicos, que se proclamaban abiertamente insumisos a los compromisos adquiridos en el marco del Protocolo de Kioto [8], los nuevos gobernantes entendieron el cambio climático como problema y querían cumplir… sin interferir en el proceso de crecimiento y recurriendo con profusión a los mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo. Es de justicia reconocer que el Gobierno ha utilizado un nuevo discurso en el que se apunta la necesidad de actuar, aunque los actos hayan quedado bastante por detrás de los discursos.

En los últimos 12 meses se han producido también significativas novedades relacionadas con el cambio climático. La primera de ellas fue la presentación por parte del Gobierno británico del llamado Informe Stern. Otra, las apariciones públicas del exvicepresidente de EE UU, Al Gore. Y, finalmente, y ya en 2007, la publicación de las tres partes del IV informe del IPCC. Todo ello ha ido acompañado en nuestro país de una masiva presencia mediática que se ha traducido en una creciente preocupación social.

Los datos de 2006 parecen reflejar cierta inflexión. Se aprecian signos positivos como la reducción del consumo de energía primaria en 1,32%, del consumo de productos petrolíferos [9] en 1,1%, y de combustibles fósiles en 2,5%, esto último ayudado en parte por la mayor hidraulicidad, mayor producción eólica y menos fallos en las nucleares. Un cambio con más significación si se tiene en cuenta que el PIB creció casi un 4%. Aún a riesgo de empalagar con cifras esto se tradujo en una reducción de emisiones del 4,11% referidas al año base (1990) [10].

Previsiones de futuro

La respuesta de los poderes económicos a esta situación no se hecho esperar. La más significativa ha sido la tendencia a la concentración de empresas energéticas (en las que han buscado acomodo sectores de la construcción en el final del ciclo expansivo en búsqueda de beneficios más estables) para asegurar los suministros de materias primas. Se procede justo en sentido contrario a la retórica oficial que alude a la competencia como mecanismo de asignar eficientemente los recursos. Se da también la búsqueda de una estrategia común de la UE para asegurarse recursos energéticos, fuertemente lastrada por la existencia de intereses nacionales divergentes, y la creación de condiciones de mercado a través de infraestructuras de transporte por todo el espacio europeo de las distintas formas de energía (sobre todo gas y electricidad). Finalmente la modificación de las estructuras de refino para aumentar la proporción de productos petrolíferos de mayor uso y valor añadido. Por ejemplo, en nuestro país, los tres grupos de refino están invirtiendo fuertemente en sus plantas para aumentar la capacidad de producción de gasoil en 8 millones de toneladas, habida cuenta de que casi el 70% de los nuevos vehículos matriculados usan dicho combustible.

Desde la UE llegan directrices para encarar la nueva situación, manteniendo su especialización en proponer soluciones que no son suficientes para atajar el problema desde una perspectiva igualitaria (el tope de emisiones per cápita de gases de efecto invernadero no puede ser distinto para países ricos y pobres) pero que claramente la colocan en la vanguardia de esfuerzos de todos los países del mundo. Apunta a disminuir sus emisiones de gases de invernadero en un 20% en el año 2020 sobre todo con medidas que incidan en el sector energético. Abre además la puerta a reducciones mayores de emisiones si otros países se comprometen también. Y para contribuir a tal fin pretende mejorar su eficiencia energética para consumir un 13% menos de energía primaria en 2020 que en la actualidad [11] y un objetivo obligatorio del 20% de energía de origen renovable y un 10% de biocarburantes.

En el Gobierno español se mantienen actitudes esquizofrénicas: los discursos casi ecologistas del Ministerio de Medio Ambiente son contrarrestados por las prácticas desarrollistas de Fomento o de Industria. Así, por ejemplo, el desarrollo del PEIT significa facilitar el crecimiento de la movilidad desbocada, incompatible con el cumplimiento de los compromisos de limitar emisiones. O las grandes cifras de previsión del Plan de Infraestructuras de Gas y Electricidad (cuadro 1) apuntan a que las emisiones energéticas de CO2 en 2011 superen en más de un 52% las del año base [12]. Y lo que es peor, en el primer documento oficial de planificación que apunta más allá del periodo cubierto por Kioto, se indica que las emisiones seguirán creciendo (un 5,6% entre 2011 y 2016) en abierta contradicción con los compromisos de la UE antes señalados.

Cuadro 1

Fuente [13].

Otros documentos oficiales, como los dos planes de asignación, muestran que el compromiso del Gobierno tiene como límite los intereses de los sectores industriales. El volumen de emisiones asignados superó con creces lo razonable. Cuando las tecnologías disponibles no permiten grandes márgenes de reducción (como en el sector cementero) se justificó por la imposibilidad de reducir la actividad y el temor a la deslocalización hacia países no obligados a reducir (como Marruecos). Pero cuando existían opciones tecnológicas diversas con grados de emisión muy diferente e imposibilidad de deslocalización masiva (como en el sector eléctrico), entonces el argumento fue no favorecer a unas empresas frente a otras. Quedó claro, pues, que cuando se tocan intereses económicos poderosos, la preocupación por el cambio climático deja paso a lo “verdaderamente importante”.

Algunas otras normas dictadas por el Gobierno apuntan en la dirección correcta, pero… Por ejemplo el Código Técnico de la Edificación obliga a la instalación de paneles solares y mejora las condiciones de aislamiento, pero llegó muy tarde [14] y fijó unas exigencias menores de las existentes desde hace años en países similares (Francia por ejemplo). El Plan de Energías Renovables 2005-2010 aumenta ostensiblemente la previsiones de obtención de energía de estas fuentes, pero no ha sido complementado con políticas horizontales que permitan el aprovechamiento de las que tienen una mayor dificultad (la biomasa singularmente) y han habido dudas políticas y racanería a la hora de ofrecer incentivos económicos suficientes y estables para su desarrollo (como en la eólica) [15]. El Plan de Acción 2005-07 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, significó un paso indudable sobre lo hecho por el anterior Gobierno. Pero el grueso del gasto se destinó a los programas fáciles, que no suscitan el rechazo de las compañías interesadas, a las que reportan beneficios, y se gestó y aplicó con tremenda opacidad, sin rendir cuentas de los resultados provisionales.

La apuesta del ecologismo social

Para conseguir mantener el cambio climático ya en marcha dentro de los límites de lo tolerable es necesario ir mucho más lejos de lo que se propone desde el Gobierno. Es preciso conseguir niveles de ahorro y uso eficiente de la energía mucho más ambiciosos [16]. Además, debe haber una apuesta firme por las energías renovables evitando la esquizofrenia de aceptar cifras de abastecimiento elevadas al tiempo que se fijan condiciones de implantación imposibles. Las renovables no carecen de impacto, sólo lo tienen mucho menor y se basan en recursos que no se agotan. Precisamente para convencer a las sociedades satisfechas de la necesidad de cambios profundos, son necesarios escenarios y propuestas verosímiles. Se debe estar dispuesto a cambiar muchas leyes sociales, pero las leyes de la física creo que regirían incluso en una sociedad ecologista.

Es preciso que el cambio climático deje de ser un problema sobre el que sólo intervienen expertos (incluidos los expertos ecologistas) y se convierta en un asunto político sobre el que la sociedad reclama soluciones adecuadas. Manifestaciones como la celebrada en Madrid con motivo del Día de la Tierra son un soplo de esperanza. Debe además vincularse con luchas sociales que ya se están produciendo con desigual presencia ecologista (contra las grandes vías de comunicación, contra las centrales térmicas, los nuevos proyectos de refinerías, la incineración de residuos, contra el urbanismo desbocado…). O el ecologismo consigue implicar a muchos sectores sociales en la pelea contra el cambio climático hasta conseguir una fuerza social suficiente en los países industrializados, o asistiremos a una mascarada verde para hacernos creer que los horrores que veremos, en realidad no son tan graves.

Ahorro y eficiencia
Para el conjunto del ecologismo, el ahorro y el uso eficiente de la energía, del que muchas veces es difícil de distinguir, deberían ser las principales “fuentes de energía”. Tanto porque dentro de amplios márgenes son las más baratas, como porque su impacto ambiental es nulo.

Aunque puede ahorrarse en todos los sectores (industria, transporte, servicios y sector doméstico) las estrategias a aplicar para lograrlo en cada caso son muy distintas. A título de ejemplo la potencialidad de ahorro de la gran industria es muy importante y viene determinado por los precios energéticos, la disponibilidad de recursos financieros y la normativa a aplicar. Si un ahorro técnicamente posible no se acomete es porque el cálculo económico lo desaconseja, no porque se desconozcan las posibilidades. En las antípodas se sitúa el uso energético en la vivienda o en el transporte de los usuarios finales. La adquisición y el uso de un automóvil (o de un electrodoméstico) tiene mucho que ver con valores sociales y muy poco con racionalidad económica. Es totalmente irracional cambiar de auto cada tres años o usarlo para desplazarse a menos de 1 km. Pero ambas cosas se hacen de forma cotidiana.

La paradoja para el ecologismo es que su objetivo predilecto es el más difícil de operativizar. Aunque hay unanimidad a la hora de hacer campañas de divulgación, para quienes las practicamos el sentimiento de escasa utilidad siempre está presente. Y no es sólo porque debamos afrontar la batalla cultural con evidente desigualdad de medios (trípticos frente a anuncios televisivos cargados de erotismo, podría ser el resumen de las armas en juego) sino porque sólo ofrece frutos en los sectores sociales próximos… que son los que menos potencialidad de ahorro ofrecen. Contra la cifra de beneficios de una gran empresa las buenas palabras son magra herramienta. Y a un yuppy vocacional el reclamo ecologista es buena razón para seguir haciendo lo contrario. No deja por tanto de tener parte de razón la crítica de que las campañas de ahorro sobre todo cultivan la mala conciencia de la gente y ofrecen pocos frutos.

Son los gobiernos quienes disponen de herramientas para cambiar las cosas: pueden establecer normativa de eficiencia de equipos de transformación energética, normas de limitación o prohibición de usos, incentivos económicos (impuestos, desgravaciones, precios progresivos…), ejemplaridad perceptible en sus propios edificios e instalaciones, campañas de divulgación masivas… Es a ellos a quienes debemos reclamar que apliquen los instrumentos de verdad útiles. Pero tampoco esto es especialmente productivo, los poderes políticos sólo actúan contra intereses económicos cuando se sienten socialmente presionados. Y no es ninguna casualidad que no haya habido en el mundo ni una sola manifestación significativa convocada bajo el lema “ahorremos energía”. Para no desanimar en exceso, señalaremos que es frecuente añadir la reclamación de ahorro en actuaciones que tienen otro fin más movilizador.

Centrales de gas en ciclo combinado
Una central térmica de gas en ciclo combinado es un dispositivo que a partir de la combustión del gas natural, genera electricidad por un sistema de doble turbina: una llamada “de gas” en la que se aprovecha la energía de escape de los productos de combustión, y otra “de vapor” (similar a las que funcionan en la actualidad en casi todas las centrales térmicas o nucleares) donde se transfiere calor que mueve una turbina. Su ventaja es que convierte el 50-57% del calor de combustión en electricidad, frente al 33-40% que se conseguía en las centrales tradicionales.

Se trata de una tecnología reciente en nuestro país, ya que la primera planta de este tipo se conectó a la red en 2002. Pero su crecimiento ha sido rapidísimo y a finales de 2006 ya había instalados 16.366 MW en el sistema eléctrico, lo que representa más del doble de la potencia nuclear existente y supera en casi un 50% la potencia de las centrales de carbón. Si se suman las que ya disponen de declaración de impacto, la cifra supera los 30.000 MW. Además otros 32.000 MW han depositado el aval del 2% del coste del proyecto y se encuentran en fases incipientes de tramitación. Una barbaridad. En el futuro inmediato será claramente el principal mecanismo de generación de electricidad, tanto en nuestro país como en la UE.

Este exitoso despliegue se debe a que los periodos de construcción son cortos (menos de 3 años una vez resueltos todos los trámites administrativos) y a que el coste de instalación es mucho menor que el de otras tecnologías de generación eléctrica. Con ello, salvo que los precios internacionales del gas natural sean altos, el coste del kW-h generado resulta muy ventajoso en el mercado competitivo de nuestro país. Las inversiones se recuperan muy rápidamente y los beneficios llegan pronto y en abundancia a sus promotores.

Aunque han sido presentadas como una tecnología limpia, lo cierto es que su impacto es notable. Una central de 1.200 MW de potencia eléctrica, emite cada hora 440 toneladas de CO2. Una cantidad suficiente para cargar 22 camiones de 20 toneladas… ¡a la hora! Emiten también otros contaminantes como NOx y poseen importantes demandas de agua para refrigeración.

Captura de carbono
Paco Ramos, Ecoloxistes n'Aición d'Asturies
Nuestra posición, compartida por otras organizaciones ecologistas, es contraria a los proyectos de captura y almacenamiento del dióxido de carbono (CO2). Pensamos que aceptar este tipo de opciones, de barrer bajo la alfombra, es asumir propuestas que únicamente tratan de esconder los problemas, sin garantía alguna de resolverlos, y dejando a generaciones futuras una hipoteca ambiental más, esperando que encuentren una solución adecuada.

El escenario es, además, limitado, con un potencial de captación a medio plazo (2020) del orden del 10% y con unos costes de captación, para una central de carbón, de entre 30 a 50 $ por tonelada. Existen investigaciones, como el uso de caliza, que podrían abaratar estos costes, pero están aún muy lejos de ser rentables, mucho menos en la situación actual, donde el coste de un permiso de emisión está por debajo de 0,50 €. Además, y según las estimaciones realizadas, la captura del CO2 únicamente supone las tres cuartas partes del coste total, al que ha de añadirse el almacenamiento, transporte y sistema de secuestro. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que todo esto supone un consumo energético adicional importante y un incremento en el coste de generación de electricidad.

Nos encontramos, por tanto, muy lejos de que las técnicas y prácticas de secuestro de carbono cumplan los requisitos que se le exigen. Y es que, además de demostrar que tienen suficiente capacidad de almacenamiento, han de probar que son estables a largo plazo y que serán económicamente viables. Hoy por hoy, ni siquiera han demostrado que sean ambientalmente aceptables.

Nucleares, una falsa solución
Francisco Castejón
La aparición del cambio climático como amenaza global ha sido aprovechada por los partidarios de la energía nuclear para reabrir un debate que estaba en segundo plano, el de aumentar el uso de esta energía. Pero son muchos los motivos que lo desaconsejan.

Entre otros, varios problemas de enorme calibre, aún sin solución: los residuos radiactivos; la inseguridad intrínseca –la probabilidad de accidente aumentaría con el número de plantas– junto a la relacionada con la amenaza de actividades terroristas; o el hecho de que las nuevas plantas sirvan para incrementar la proliferación nuclear, ya que buena parte de las instalaciones son de doble uso, militar y civil. No se trata aquí de elegir impactos: el riesgo de accidente nuclear y los residuos radiactivos frente al cambio climático. Se trata de buscar alternativas viables a los combustibles fósiles que estén libres de problemas ambientales.

Pero, además, hay otros dos motivos que son determinantes para que esta energía no sea una alternativa para luchar contra el cambio climático: la escasez de uranio y su coste.

En la actualidad, casi el 80% del consumo energético mundial se basa en los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) y un pequeño porcentaje (aprox. un 6,5%) es de origen nuclear. El uranio es no renovable y al actual ritmo de consumo quedan reservas demostradas baratas para unos 50 años, que ascenderán a 150 años si contamos las reservas más caras. Dada la pequeña aportación actual de las nucleares al suministro energético, es claro que el consumo de uranio debería multiplicarse por un factor entre 3 y 7 para que las nucleares fueran de verdad una alternativa energética a escala global. Esto significaría que las reservas de uranio barato sólo durarían entre 8 y 15 años. Además, la sustitución de los derivados del petróleo usados profusamente en el transporte por energía eléctrica de origen nuclear no es nada sencillo ni inmediato.

Y luego están los problemas económicos. Las inversiones necesarias para construir un reactor nuclear de gran tamaño (unos 1.000 MW de potencia) son inmensas (en torno a los 4.000 millones €). Y las incertidumbres que rodean el futuro de esta fuente de energía son las que están frenando a los inversores, a pesar del apoyo de algunas administraciones como la estadounidense.

[1] CCOO-World Watch, 2007: Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2006). Buena parte de los datos aquí recogidos provienen de este informe.

[2] La generación de electricidad y el transporte son los principales responsables de las emisiones dentro de este grupo.

[3] Se habla de CO2 “equivalente” porque en realidad hay varios gases que provocan el cambio climático. Se tiene en cuenta la eficacia a la hora de aumentar el efecto invernadero y se expresa el efecto acumulado en dicha unidad.

[4] Leyes 54/97 y 34/98 respectivamente, que reemplazaron a sendas leyes de principios de los 90. El PP cumplió así su promesa electoral de reformar en profundidad el sector de la energía.

[5] Esto quiere decir, por ejemplo, que a partir de ese momento se podían construir centrales nucleares. Ya no hay impedimento legal para construir nuevas plantas. No se hace, por falta de rentabilidad y fuerte rechazo social.

[6] Nótese que hablamos de precios reales. En cualquier caso el fenómeno fue más perceptible en la electricidad (en que hubo varios años de bajadas de los precios nominales) que en el sector gas.

[7] Ver Fernando Ballenilla, 2004, “El final del petróleo barato”El Ecologista 40.

[8] Era frecuente oír hablar sin recato a altos cargos de la administración que si Alemania, Francia e Italia no cumplían el pacto de estabilidad a que obligaba la UE (y no pasaba nada), España no tenía porque cumplir con Kioto, que era un lastre para su proceso de convergencia con la UE.

[9] Esta reducción es para mí la más sorprendente, porque parece sugerir una mayor elasticidad a la subida de precios de la supuesta, una débil mejora de la eficiencia y la aparición de la huella de los biocarburantes. En cualquier caso todos los datos usados de este año son aún provisionales, y por tanto, susceptibles de cambio.

[10] Un 2,7% si se considera con respecto a 2005.

[11] Es toda una novedad que se fije como objetivo, no sólo mejorar la intensidad, sino reducir la cifra total de consumo. Es una de las tradicionales reivindicaciones ecologistas que la fuerza de los hechos convierten en directriz política. Habrá que ver su grado de cumplimiento.

[12] Teniendo en cuenta el peso de las emisiones energéticas en las totales de gases de invernadero, esto imposibilita prácticamente cumplir las previsiones del 2º Plan de Asignación, que implica un incremento real del 37% de GEI sobre las de 1990. El Protocolo de Kioto permitía aumentarlas en un 15% a lo que habría que sumar un 20% conseguidas con mecanismos de flexibilidad y otro 2% contabilizados como sumideros. A pesar de los esfuerzos por ocultar la realidad, el periodo de cómputo es 2008-11 y es la media de emisiones de esos años la que debe ajustarse a lo establecido. No sólo las emisiones de 2011, como se repite constantemente. Vale la pena recordar que se trata de un documento de planificación indicativa en lo que se refiere generación y transformación energética.

[13] Elaboración propia a partir de SECRETARÍA GENERAL DE LA ENERGÍA: Informe prelimar de evaluación ambiental de la planificación de los sectores de electricidad y gas 200-2016. Se han excluido la producción nuclear y las de fuentes renovables.

[14] De haberse aprobado cuando se anunció más de 1,5 millones de viviendas que se construyeron hubieran tenido un menor consumo energético.

[15] Para aquellas personas que insisten en que la presencia de un sector público empresarial no es relevante, aquí hay un buen contraejemplo. Si Endesa siguiera siendo pública se la podría comprometer con más eficacia en el desarrollo de las renovables aunque ello comportara cifras de beneficios más modestas o más diferidas en el tiempo.

[16] Creemos que propuestas programáticas como el Plan de ahorro y eficiencia en el consumo eléctrico-Horizonte 2015, que elaboramos en Ecologistas en Acción, son instrumentos útiles de intervención. También lo son los estudios de potenciales tanto de ahorro como de implantación de energías renovables, como los que ha editado recientemente Greenpeace.