La polémica sobre el final del Trasvase Tajo-Segura

La reunión de la mesa de las Cortes de Castilla La Mancha en Albacete para debatir sobre el tema del agua y, fundamentalmente sobre la necesidad de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura es una buena oportunidad para hacer una profunda reflexión acerca del modelo de desarrollo que se ha venido dando en nuestro país aprovechando el agua únicamente como recurso económico, sin contemplar sus otros aspectos como los sociales (inundaciones de pueblos de montaña para construir presas, desequilibrios entre zonas donantes y zonas receptoras, disputas en el reparto de los recursos, contaminación de los abastecimientos públicos de agua, ya sean rios o acuíferos...) o, por supuesto, los ecológicos: conservación de los ecosistemas acuáticos. Y todo esta situación se ha venido dando vulnerando escandalosamente una Ley de Aguas, publicada en 1985 y puesta como paradigma de lo que debería ser una gestión racional de este vital recurso.

Es curioso que a raíz de la victoria electoral del PSOE y lo que ha supuesto de rechazo implícito al despropósito de Plan Hidrológico elaborado “por cojones” por el P.P., como dijo su ministro de Agricultura, se haya levantado la veda por parte de la Junta de Castilla La Mancha sobre el trasvase Tajo - Segura, siendo ésta junto a Andalucía, la comunidad que dio su apoyo a ese P.H.N.

Por otra parte es importante observar como en el tema del agua no existe un discurso único en las organizaciones políticas, sindicales o de agricultores: lo que dicen el PSOE y el PP, o los sindicatos y organizaciones agrarias, como ASAJA, en Castilla La Mancha es totalmente opuesto a lo que se manifiesta por esas mismas organizaciones en Murcia, Almería y la Comunidad Valenciana. La razón es muy sencilla: en el tema del agua sigue existiendo la idea de que toda el agua que se pueda usar hay que hacerlo, porque si no lo hará el vecino. Pero además desde los Gobiernos se ha favorecido que el agua debe usarse donde más beneficio económico a corto plazo produzca, sin tener en cuenta otras consideraciones sociales o ecológicas: de ahí nació la idea del trasvase Tajo - Segura, o la especulación y desarrollo urbanístico en las costas españolas, o la puesta en marcha de regadíos de maíz, remolacha o alfalfa en La Mancha, o la proliferación de campos de golf como nuevo “dorado” de la oferta turística de cualquier proyecto que se precie. Como vemos, todas estas actividades se ha demostrado en apenas treinta años su insostenibilidad y la desigualdad y disputas que han abierto entre los distintos territorios.

Desde Ecologistas en Acción de Albacete también queremos manifestar la necesidad de poner fin al trasvase Tajo - Segura, pero no por sí mismo sino por lo que ha significado de puesta en práctica de ese modelo de desarrollo que denunciamos. Esto significa la necesidad de plantearse el final del aumento indefinido del modelo turístico que lleva acompañado, tanto en el litoral como en ele interior (recordamos que la Junta tiene en marcha distintos proyectos en Ciudad Real y Argamasilla de Alba que son copias de lo que se viene denunciando en Murcia o Alicante), la supresión de regadíos para cultivos insostenibles y en la mayoría de los casos excedentes y subvencionados: no se puede pretender que el trasvase se cierre para el Levante y se continúe la explotación para sembrar maíz en Albacete o Ciudad Real.

En palabras de Pedro Arrojo, premio Goldman europeo el año pasado (el equivalente a los premio Nobel en medio ambiente) es necesaria una nueva cultura del agua, que pase por valorar el agua como recurso social y ecológico:
Una nueva cultura del agua implica un profundo cambio ético con relación a las generaciones futuras y al entorno natural; el aprecio y valoración de los valores estéticos y lúdicos del agua en el paisaje y en la naturaleza, en conexión con los valores metafísicos y míticos de las aguas en las más diversas civilizaciones, implican hoy, en sociedades desarrolladas como la nuestra, una nueva y creciente dimensión de valoración social y cultural de los patrimonios hídricos y sus entornos naturales

La problemática del agua en la agricultura intensiva de Albacete

Toda esta problemática no es ajena a nuestro entorno, sino más bien al contrario: en los últimos 30 años, hemos asistido a una transformación radical de las formas de agricultura en nuestra provincia y, sobre todo, en las comarcas de la Mancha, Manchuela y Campo de Montiel, cuyos efectos estamos empezando a valorar y padecer:

- Desecación de zonas húmedas (lagunas de Acequión, Salobral o Ruidera).

- Descenso notable de los niveles freáticos que provocan, a su vez, descenso del nivel de los ríos o desaparición de fuentes y manantiales en la época estival.

- Incremento de la carga contaminante en pozos, manantiales y lagunas, procedentes del uso indiscriminado de fertilizantes y biocidas de todo tipo utilizados por una agricultura intensiva cuya rentabilidad está ahora en entredicho.

- Pérdida de la cubierta vegetal por la explotación de áreas cada vez más extensas, gracias a la utilización de maquinaria más potente, que incrementa el riesgo de erosión y disminuye la capacidad de retención y filtración de agua en el subsuelo.

- Como consecuencia de lo anterior, menor calidad de las aguas para el consumo humano, lo que obliga a un incremento en los costes de potabilización o a inversiones millonarias para poder obtener agua de mejor calidad (proyecto de traída de agua desde el Júcar), junto a un incremento de las enfermedades derivadas de la concentración de cantidades mayores de contaminantes químicos, tanto inorgánicos (nitratos) como orgánicos (derivados de fertilizantes y plaguicidas), que la Administración Sanitaria no acomete con estudios epidemiológicos.

- Subvenciones millonarias a los grandes propietarios de fincas que son los que pueden hacer frente a los costes iniciales de trasformación a regadíos, y que ponen en entredicho la verdadera rentabilidad de estos cultivos, que sólo son competitivos gracias a las enormes subvenciones que reciben.

PROPUESTAS PARA UN USO SOSTENIBLE DEL AGUA

La política hidrológica del siglo XXI debe tener como eje la gestión ecológica de la demanda y no el aumento de la oferta. Ecologistas en Acción pide a las administraciones que realicen una política del agua planificada desde las disponibilidades hídricas y los condicionantes ambientales, que contemplen los siguientes objetivos:

- Prevalecer sobre los demás usos la conservación en condiciones de calidad de los ecosistemas acuáticos, ya sean éstos marinos o continentales (tanto rios o lagos como los acuíferos que los mantienen).

- Establecimiento como prioridad el incremento de la eficiencia en la utilización del agua: reparación y mantenimiento de las redes de distribución, y apoyo al establecimiento de técnicas de riego eficientes y de prácticas agrícolas mejor adaptadas a cada clima.

- Garantía de calidad del agua y satisfacción de la demanda ambiental en las cuencas, con especial protección ambiental del dominio público y la conservación de los ecosistemas de ribera. Impedir que se sigan construyendo edificaciones e instalaciones en los cauces y zonas de influencia directa de los mismos.

- Abandono de la construcción de grandes embalses y trasvases. En los casos que sean necesarios, la construcción de presas se hará lo más próximo al lugar de consumo.

- Evitar la sobreexplotación de las aguas subterráneas, adecuando su explotación a la capacidad de recarga de los acuíferos.

- Protección efectiva de todas las zonas húmedas, valorando sus múltiples beneficios: regulación de avenidas, usos recreativos, alta biodiversidad.

- Evitar la excesiva concentración de actividades económicas que sean grandes consumidoras de agua, en zonas que sean deficitarias, especialmente en las zonas ya saturadas.

- Completar la red de depuración de aguas residuales en municipios y que las industrias depuren adecuadamente sus vertidos.

- Cumplimiento estricto de la normativa europea que obliga a los usuarios finales del recurso al coste integro de su puesta en funcionamiento.




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