El Concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez lleva dos años prometiendo a los propietarios de la urbanización ilegal del Pinar de Coig que los iba a legalizar. Dos años en los que ha dedicado mucha más atención a estos constructores ilegales que a solucionar el problema de la infravivienda en El Puerto y de la marginalidad de ciertas barriadas, o a promover viviendas de protección oficial o viviendas para jóvenes. Dos años en los que se ha reunido infinidad de veces con Fevema para asegurarse su inquebrantable fidelidad, dos años mintiendo a todos.

No le bastaron los informes técnicos del secretario y del director del PGOU, no le bastó la contestación de la Consejería de Obras Públicas, no le bastó que los juzgados abrieran diligencias contra estas urbanización ilegal, él seguía insistiendo en que las iba a legalizarla porque «era una decisión política», como si las decisiones políticas estuvieran por encima de las leyes y de las normas urbanísticas. Ahora sus propios servicios jurídicos se lo confirman una vez más: la urbanización del Pinar de Coig no es legalizable y hay que demolerla. No sabemos si los responsables de esta asociación de propietarios (que no de vecinos, porque ningún miembro de esta asociación vive allí) seguirán jaleándolo en los Plenos y montando guardia pretoriana ante el Ayuntamiento y la sede de Urbanismo.

Ecologistas en Acción desde el principio aseguró que esta urbanización no era legalizable, y que los que habían comprado parcelas de buena fe deberían demandar al propietario que se las vendió y a los responsables municipales que les permitieron construir sus casas asegurándoles que se iban a legalizar. Algunos lo hicieron, pero los responsables de la Asociación no, emprendiendo una campaña no contra los que en teoría los habían estafado, sino contra los ecologistas por decir la verdad. No nos callaron entonces y no nos callarán ahora. Mientras tanto, Rodríguez guarda un silencio cobarde.

Hay que recordar que el sr. concejal de Urbanismo se encuentra imputado en el Juzgado Nº 2 de El Puerto, como presunto autor de un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. El Sr. Rodríguez pretendía con esta inviable legalización eximirse de sus responsabilidades penales, demostrando que, además de ser un gestor nefasto, es un ignorante, ya que parece desconocer que las maniobras urbanísticas posteriores a la realización del hecho típico (prevaricación), no puede tener efectos retroactivos en el ámbito penal. En la causa penal abierta contra el concejal de urbanismo no sólo es parte acusadora Ecologistas en Acción, sino que la Fiscalía mantiene su criterio de imputar al Sr. Rodríguez los delitos que se investigan.

Rodríguez ha fracasado en el intento de utilizar a los funcionarios municipales para justificar la posibilidad de legalizar la urbanización del Pinar de Coig, pues ninguno ha caído en la trampa, manteniendo una admirable independencia y profesionalidad.

Ecologistas en Acción reitera que un personaje de esta baja catadura política y moral no puede ostentar un cargo público y el alcalde, si quiere tener una mínima credibilidad de que han cambiado las cosas en el Ayuntamiento, debe cesarlo de inmediato.