Por fin, tras la sexta citación, Hernán Díaz ha acudido, acompañado por el abogado que lleva los temas jurídicos del Ayuntamiento, a declarar al Juzgado nº 2 de El Puerto en calidad de imputado por la querella que le puso Juan Clavero el pasado mes de junio. Clavero presentó una querella criminal contra Hernán Díaz Cortes, entonces alcalde de esta ciudad, por la campaña injuriosa, de insultos y descalificaciones, que venía desarrollando. Esta campaña cobarde y miserable era una mera represalia por las numerosas denuncias que han interpuesto los ecologistas ante las ilegalidades urbanísticas que se están cometiendo en El Puerto, y que le ha implicado a él mismo y a su concejal de urbanismo.
Hernán ha intentado todo tipo de estratagemas para no asistir a declarar al Juzgado, pero al fin ha tenido que acudir y no ha tenido la valentía de corroborar las graves acusaciones que ha lanzado durante años contra el representante de Ecologista en Acción. Donde dijo digo, ahora dice Diego. Hernán no ha sido capaz de mantener su acusación de que la vivienda de Juan Clavero es ilegal. Incluso ha asegurado que nunca pidió ningún informe técnico sobre esta presunta ilegalidad Hernán demuestra así su cobardía al no atreverse a repetir ante la juez las acusaciones que ha venido profiriendo contra Clavero aprovechando su cargo público y los medios del Ayuntamiento. Tampoco ha mantenido sus acusaciones de absentismo laboral de Clavero, pero ha intentado sembrar dudas asegurando que lo ve mucho por el Ayuntamiento. Preguntado si conoce el horario laboral de Clavero, ha reconocido que no. Además, ha lanzado una nueva y cobarde acusación, que se unirá a la querella, asegurando que lleva alumnos menores de edad al Ayuntamiento y a poner pancartas en Urbanismo, hecho absolutamente falso.
Ante esta actitud de Hernán de no mantener las acusaciones pero lanzar otras nuevas y no pedir disculpas ni indemnizar al ecologista, Clavero ha anunciado que mantendrá la querella y la demanda de una pena de 42 meses de multa, un año de inhabilitación y una indemnización de 9.000 €, que serán destinados en su integridad a proyectos de conservación de la naturaleza. Además, el querellado deberá anunciar la falsedad de dichas manifestaciones y rectificar dicha noticia mediante rueda de prensa a los mismos medios de comunicación a los que les fueron realizadas, y publicar la sentencia condenatoria a su costa.
