Apoyo a los agentes ambientales como agentes de Policía Judicial

Según han denunciado los agentes medioambientales, en numerosas ocasiones son los Delegados Provinciales los que “deciden” según su particular criterio qué denuncias se tramitan o no ante los Juzgados o en vía administrativa. Estos particulares criterios pueden variar en función de quien es el denunciado, ya que es frecuente que las denuncias que afectan a ciertos ayuntamientos, empresas o grandes propietarios (por ejemplo por temas urbanísticos, deforestaciones, contaminación, etc) se “pierdan” en los despachos de las delegaciones y los expedientes “queden en el olvido”. En ningún caso, la actuación de un Delegado Provincial como superior jerárquico administrativo a nivel provincial de los agentes puede suponer un filtro a la presentación de dichas denuncias, ni tampoco determinar lo que a su juicio es o no denunciable, ni el momento en que deben remitirse, ya que supone una interferencia en la labor propia de los agentes de la autoridad.

Según indican los agentes medioambientales, “están hartos” de presentar denuncias siguiendo el cauce administrativo establecido que, sospechosamente “prescriben o se pierden en los cajones”, especialmente si el denunciado es algún amigo o pariente de un cargo político, tiene contactos en el ayuntamiento o tiene un importante poder adquisitivo. Los agentes medioambientales denuncian la impunidad con la que están actuando algunos constructores que adquieren fincas de monte para clarearlas y roturarlas para construir en ellas sin que hasta ahora haya habido ninguna sanción contundente desde la Consejería pese a las múltiples denuncias realizadas. Esto es especialmente grave en el caso de vertidos directos a los ríos que han sido denunciados reiteradamente por los agentes y no han tenido ningún efecto continuando los infractores con su actividad, que puede constituir además de delito ecológico, un atentado contra la salud pública.

Ecologistas en Acción apoya a un colectivo que trabaja a favor de la conservación de nuestro medio ambiente y que en numerosas ocasiones ve como su esfuerzo y trabajo se ve anulado por intereses políticos o económicos que se traducen en la decisión discrecional de tramitar o no las denuncias por parte de los Delegados Provinciales. Por ello, pedimos que ante denuncias de hechos graves, se adopten desde la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural medidas cautelares y preventivas de posteriores daños ambientales, como la suspensión de la actividad cinegética en denuncias fundadas de venenos o paralización efectiva de obras en el caso de urbanizaciones o construcciones ilegales, mientras se resuelven los expedientes sancionadores que, obligatoriamente, ya sea por vía penal o administrativa, deben incoarse en estos casos tras las denuncias de los agentes de la autoridad.




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