Los largos periodos de desmantelamiento permiten un ajuste progresivo de las plantillas.

Carlos Martínez Camarero, responsable del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CC OO. Revista El Ecologista nº 71.

La preparación previa y el desmantelamiento de una central nuclear se prolongan alrededor de una década, tiempo durante el que estas tareas dan empleo a muchas personas. Esto permite que las soluciones laborales para la plantilla de las centrales puedan preverse con tiempo, mientras que se preparan planes de reactivación para las comarcas afectadas.

Durante muchos años, el elemento de la seguridad en el debate público sobre la energía nuclear aparecía desplazado a un segundo nivel, por debajo de factores como los económicos. Pero el accidente de Fukushima en marzo de 2011 ha puesto de manifiesto que, a pesar de todas las mejoras en los protocolos y técnicas de seguridad, sigue existiendo la posibilidad real de accidentes nucleares graves. Lo que evidencia también Fukushima es que las consecuencias de este tipo de accidentes son inaceptables en términos de contaminación radiactiva a largo plazo, de pérdida de recursos productivos y de territorio habitable, y por tanto de daños económicos, ambientales y sociales.

Después del accidente de Japón, gran parte de la sociedad y muchos gobiernos están considerando que lo más sensato es proceder al cierre de los reactores nucleares, comenzando por los más antiguos y deteriorados… en cuanto sea posible. La opción energética alternativa se vislumbra también cada vez más clara: potenciar al ahorro y evitar el despilfarro de energía y usar fuentes renovables que vayan sustituyendo a las más contaminantes e inseguras.

Transición justa

En este planteamiento hay una cuestión social que es preciso abordar, especialmente desde la óptica sindical: ¿qué soluciones hay que plantear ante la pérdida de los puestos de trabajo de estas instalaciones? Esto es importante no sólo desde la perspectiva de justicia social con trabajadores que pierden su empleo, sino también desde el punto de vista del consenso social para aceptar las decisiones de cierre que correspondan, especialmente en las zonas afectadas. El movimiento sindical internacional viene planteando la reivindicación de la “transición justa” para los procesos de cambios productivos. Examinemos las particularidades de esta cuestión en lo que respecta a los procesos de cierre de instalaciones nucleares.

Existen varios tipos de empleos ligados a las centrales nucleares. Por una parte hay una plantilla de trabajadores fijos ligados a la compañía eléctrica titular (entre 300 y 400 en cada central) y otros tantos a contratas de limpieza, seguridad y mantenimiento que trabajan en la instalación. Además de eso cuando hay paradas para la recarga de combustible (aproximadamente un mes al año de media) se incorporan a esas tareas específicas varios cientos de trabajadores más que, en parte, suelen ser de la zona próxima a la central. Además de esos empleos, las centrales nucleares, como casi todas las instalaciones industriales, generan un cierto empleo indirecto en la zona o comarca donde se encuentran situadas.

Es obvio, por tanto, que un eventual cierre de este tipo de instalaciones supone un problema de pérdida de empleo para todos ellos. No obstante las centrales nucleares tienen unas características que las hacen muy especiales en cuanto a este tipo de efectos sociales y laborales. Su especificidad deriva de que tanto el combustible gastado como numerosas partes de los equipos y de la instalación mantienen durante decenas de miles de años altos niveles de radiactividad. No es, por tanto, una instalación que se pueda cerrar sin más. Después de parar su actividad hay que proceder a su desmantelamiento.

Este proceso de desmantelamiento exige, entre otras actuaciones, la preparación y acondicionamiento de las instalaciones y equipos, la construcción de un almacén temporal individualizado para los residuos de alta actividad hasta que no exista un almacén centralizado para todas las nucleares, la demolición de algunos edificios, la retirada de residuos y la construcción de un cajón para albergar el reactor.

Estas actuaciones se desarrollan en dos períodos. Uno primero, denominado de transición, para obtener las pertinentes autorizaciones, preparar la instalación y descontaminar el circuito primario, y otro propiamente de desmantelamiento, en el que se desmontan los elementos convencionales como el edifico de turbinas, las torres de refrigeración y los talleres, se desmantelan posteriormente los elementos radiológicos (edificios del reactor, del evaporador de residuos y del auxiliar y almacenes temporales de residuos), se descontaminan y demuelen los edificios y se restaura el emplazamiento.

Durante estos períodos, disminuye el número de trabajadores de plantilla de la central, pero se generan nuevos empleos asociados al desmantelamiento. Estas actividades, el desmantelamiento y su proceso preparatorio, se prolongan alrededor de aproximadamente una década. Esto permite que las soluciones laborales para la plantilla puedan preverse en el tiempo, negociarse con las empresas titulares cambios de los trabajadores a otros centros de las mismas o prejubilaciones y prepararse planes de reactivación para las comarcas afectadas.

Tres experiencias

En España se han producido ya algunos cierres de centrales que permiten tener experiencia en estos procesos laborales y sociales.

En la central nuclear de Vandellós I (Tarragona) se produjo un incendio en 1989 que inutilizó parte de sus instalaciones y obligó a cerrarla. Cuando después de un prolongado periodo de preparación para el desmantelamiento, se aprobó e inició este (1998) aún trabajaba en la empresa el 33% de la plantilla que existía en el momento del incendio. Los demás habían sido recolocados en otros centros de trabajo de la empresa o incluidos en un acuerdo de prejubilación. Parte de los trabajadores de las contratas de limpieza y de seguridad también seguían trabajando en la instalación. Según datos de Enresa, que es la empresa pública que dirige y se ocupa de coordinar todos los aspectos relacionados con el desmantelamiento de las centrales nucleares, en el período de desmantelamiento (1998-2003) trabajaron un total de 2.700 trabajadores pertenecientes a 63 empresas. En ese período la media de trabajadores que han estado ocupados en ello fue de 323, un 70% de los cuales pertenecía a la zona de la central.

En el caso de la central de Zorita (Guadalajara), en octubre de 2002 el Ministerio de Economía, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, decidió su cierre para el 30 de abril de 2006. La instalación, que era la más antigua de todas las centrales nucleares españolas, contaba en el momento de su cierre con unos 100 trabajadores de plantilla y otros tantos de contratas que trabajaban para ella.

El Plan de Desmantelamiento se está desarrollando a lo largo del período 2010 – 2016. Desde su cierre en 2006 hasta 2009 se preparó y acondicionó la instalación para el desmantelamiento y se construyó un almacén temporal individualizado para albergar los residuos de alta actividad procedentes del reactor de la central. En este último período se calcula que habrá unos 250 trabajadores ocupados (una parte de Enresa y otra de contratas). El presupuesto de dicho desmantelamiento es de 135 millones de euros, sin contar con la gestión del combustible nuclear gastado.

En el caso de Zorita se abordó también la situación de la comarca y en 2006 se firmó un Pacto por el Desarrollo de la zona de influencia de la central nuclear, que permitió aprobar un Plan con ese fin. El Pacto, impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha y firmado por los alcaldes, sindicatos, organizaciones empresariales y otras instituciones, incluía la constitución de una Mesa de seguimiento encargada de proponer, impulsar, coordinar y supervisar actuaciones para el desarrollo de la comarca, así como la creación de una Agencia de Desarrollo para promoción e impulso del Plan. La constitución de esta Agencia ha quedado paralizada por razones políticas pero en estos últimos años se han aprobado diversos proyectos para la zona que no han estado exentos de polémica.

Con respecto a la central de Garoña, el Gobierno español aprobó su cierre para julio de 2013. El número de trabajadores de plantilla que trabajan en la central actualmente, según datos de Nuclenor, es de 291 y hay otras 333 personas que pertenecen a unas 40 contratas que trabajan para la instalación. El Gobierno aprobó un Plan de Dinamización Económica y de Medidas para el Empleo para la zona de influencia de la central que recoge 29 actuaciones en 5 ejes para el período 2010-2013. Cada año el Ministerio de Industria convoca ayudas para actuaciones de reindustrialización en la zona de influencia de la central.

Por la experiencia acumulada en estos casos se puede plantear que:

  • Para los trabajadores de plantilla o de contratas es preciso negociar que permanezcan la mayor parte posible de ellos en las tareas de desmantelamiento de la central y para los que no sea posible esto ofrecer la posibilidad de prejubilaciones o cambios a otros centros de trabajo de la misma empresa. Los períodos tan prolongados de tiempo en los que se realiza y culmina el desmantelamiento (no menos de una década) hace que los efectos se suavicen notablemente y se puedan planificar y negociar adecuadamente.
  • Para los empleos indirectos que pueden verse afectados a largo plazo por la caída de actividad de la instalación es preciso poner en marcha planes o programas de reactivación económica en la zona concernida, que creen empresas sostenibles con actividades ligadas a los recursos y posibilidades del territorio y que generen empleos estables y de calidad. Lo cierto es que la experiencia de la implantación de planes de este tipo, por ejemplo en comarcas mineras, pone de manifiesto que es difícil articular medidas de reactivación económica que generen un empleo suficiente, decente y estable en las zonas afectadas que supla el que se puede perder por efecto de la reconversión productiva. Es preciso un esfuerzo de las instituciones y de la sociedad para mejorar estos instrumentos.
  • Por ello es muy importante acompasar las inversiones para creación de nuevas empresas con los períodos en los que se puede producir una pérdida real de empleos en la nuclear y no inyectar financiación a destiempo y sin vincularla a la creación efectiva de empleos. Todo esto se ha de plantear, además, con procesos de participación en los que intervengan no sólo las instituciones y empresas del territorio sino también los sindicatos y las organizaciones sociales.