Ecologistas en Acción y ANSE denunciaron en febrero de 2006 ante la Fiscalía del TSJ la posible comisión de un delito de prevaricación de altos cargos de la Comunidad Autónoma (Director General de Calidad Ambiental, Directora General del Medio Natural y Consejero de Industria y Medio Ambiente) y del Ayuntamientos de Águilas, tras la aprobación definitiva del proyecto para la construcción de una urbanización de 4.700 viviendas y un campo de golf dentro del espacio protegido (LIC y ZEPA) Sierra de La Almenara (t.m. de Águilas). Además, pidieron a la Fiscalía que investigara la posible comisión del delito de prevaricación de otros posibles implicados, como el Jefe del Servicio de Calidad Ambiental.

Ambas organizaciones valoran como un paso importante la admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Murcia de la Querella presentada por el Fiscal Jefe del TSJ en Murcia contra el Director General de Vivienda, el Subdirector General de Vivienda, el Director General de Calidad Ambiental, la exDirectora General del Medio Natural y el Jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma, el alcalde de Águilas y el exconcejal copropietario de los terrenos.

Nunca hasta ahora se había imputado a tantos altos cargos en la Región por la presunta comisión de un delito relacionado con la conservación del Medio Ambiente.

El abogado de Ecologistas en Acción y de ANSE presentó ya a mediados de marzo un escrito de personación en calidad de acusación popular en el procedimiento judicial abierto en el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, mientras se resolvía la admisión a trámite del mismo.

El envío por parte del Fiscal Jefe del TSJ de Murcia de las investigaciones a los juzgados para que procedieran a su instrucción, daba la razón a Ecologistas en Acción y ANSE, que consideran este caso como uno de los más escandalosos de la desastrosa política contra la conservación de la naturaleza y el medio ambiente desarrollados por el actual Gobierno Regional, aunque desgraciadamente no el único ni el más grave (muy cerca se encuentra la desprotección de Marina de Cope y su desarrollo urbanístico).

Al igual que en otras acciones jurídicas abiertas tras las denuncias de las asociaciones de defensa de la naturaleza murciana, Ecologistas en Acción y ANSE pretenden que en el caso Cerrichera se determinen los verdaderos responsables y se aplique una sanción ejemplar y pública que impida la tolerancia administrativa y nuevos intentos de sortear las leyes ambientales para beneficiar desarrollos residenciales a costa de los espacios protegidos.

Las Asociaciones recuerdan que el Consejero Benito Mercader no ha iniciado el procedimiento de revisión de actos nulos o anulables para cumplir con su compromiso público de revisar el proyecto de La Cerrichera aprobado por la misma Consejería anteriormente, y ha paralizado de manera irresponsable la aprobación del Plan de Gestión de la ZEPA, incumpliendo los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

Ecologistas en Acción ya denunció hace varios años la puesta en marcha de regadíos ilegales, sobre parte de los cuales se ha planteado luego el proyecto urbanístico, que también afecta a hábitats de interés comunitario y especies de aves en peligro.

Mientras, las peticiones de las organizaciones realizadas tanto al presidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luís Valcárcel, como al Director General de Calidad Ambiental siguen sin respuesta

Asociaciones como GREENPEACE, ADENA-WWF, SEO-BirdLife, Asociación Herpetológica Española y Foro Ciudadano de la Región de Murcia, entre otros, apoyan la campaña contra la urbanización del LIC y ZEPA Sierra de La Almenara.

Para las Asociaciones, ha quedado demostrado que la urbanización de la Red Natura 2000 prevista en la Cerrichera es un atentado contra el patrimonio natural comunitario. Sin embargo, el Gobierno Regional viene haciendo oídos sordos a las protestas de los ciudadanos y requerimientos de las autoridades comunitarias en relación a este tema.