La Alcarria en peligro. El comienzo del fin

Si no lo remedian las plataformas de ciudadanos y los grupos de presión medioambientales, la Alcarria corre peligro de ser convertida en un macro-mina a cielo abierto. La política de acoso y derribo territorial a la que está siendo sometida por parte de las empresas que se dedican al negocio de las canteras es toda una declaración de guerra, una sentencia a muerte que de no evitarse va a suponer el exterminio de una zona de gran belleza paisajística. La suma de pueblos afectados se incrementa de día en día: Loranca de Tajuña, Mondejar, Almoguera, Aranzueque, Pioz, el Pozo, Valdarachas -pertenecientes a la Alcarria de Guadalajara-, Ambite, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres y Villar del Olmo-en la Alcarria de Madrid-.
Todos ellos engrosan la lista de presas a las que la empresa Calcen, Canteras del Centro, y Aripresa, perteneciente al grupo de Cementos Portland Valderrivas -que a su vez forma parte del gigante FCC, Fomento de Construcciones y Contratas- intentan meter el diente.
Y de hecho lo están haciendo con sumo éxito, ante la pasividad, incluso más bien complacencia, de la Comunidad de Madrid y la de Castilla-La Mancha que se limitan a expedir licencias y cobrar.

En 1999, la empresa Calizas del Centro, Calcen, solicita permiso de investigación a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, de los recursos de 104 cuadrículas mineras , el equivalente a 3.120 hectáreas, en los términos municipales de Pezuela de las Torres, Olmeda de las Fuentes, Ambite y Villar del Olmo, dentro de la provincia de Madrid.

Siete meses mas tarde, ya en el año 2000, extiende la misma solicitud, curiosamente también 104 cuadrículas, a la Delegación Provincial de Industria y Trabajo de Guadalajara. Esta vez la espada de Damocles se yergue sobre Aranzueque, Loranca de Tajuña, Pioz, el Pozo de Guadalajara y Valdarachas, municipios de la provincia de Guadalajara.

Para desgracia de los afectados desde el punto de vista medio ambiental, los estudios están demostrando la existencia de gran cantidad de roca caliza en la zona investigada. Este material una vez extraído de la tierra y procesado se transforma en hormigón, mortero, arenas, gravas y zahorras para alimentar el “cáncer del ladrillo”, tal y como lo denominan las voces de los intelectuales críticos. La tierra convertida en asfalto y cemento, todo un gran negocio.

En la Comunidad de Madrid, la petición de explotación abarca ya 55 de las cuadrículas mineras en estudio, lo que significa un total de 1650 hectáreas de superficie y una producción de 11,83 millones de toneladas anuales en 60 años de explotación.

Como han denunciado los miembros de la Plataforma de la Alcarria de Madrid contra las canteras, formada por asociaciones locales y ayuntamientos afectados ante la estrategia de acoso y derribo al paisaje y la población de la zona, “la extracción de tal volumen de material al año supondrá la destrucción del paisaje, el desvío y contaminación de los flujos de las aguas subterráneas, la desaparición de la vegetación de encinas centenarias, matorrales y pastizales y la fauna, así como el aumento de polvo y la contaminación ambiental perjudicial para la salud e las personas”.

La Plataforma ha logrado por el momento, a través de movilizaciones y por la vía administrativa, paralizar el proyecto de macro-canteras (para más información ver El País del 23-09-2003).

La versión de Aripresa es, en palabras de Carlos Alonso, director de medio ambiente, calidad y prevención que “las minas a cielo abierto no generan ningún residuo tóxico, ni tampoco contaminación del suelo. Respecto al polvo que se produce, hay instalados filtros y sistemas de riego para evitar que se sobrepasen los niveles establecidos”.
Alonso añade que “Aripresa cumple con todos los requisitos legales, incluso tenemos el sello de medio ambiente de AENOR”.

En cuanto a Calcen, empresa que solicita los permisos de investigación de los recursos mineros, el técnico Eliezer Martín argumenta que “nosotros sólo nos dedicamos a investigar y son otros quienes explotan el suelo”. En su opinión, “no es cierto que signifiquen una agresión hacia el medio ambiente, ya que, una vez agotada la mina, se restaura”.

El caso de Loranca de Tajuña

Peor suerte ha corrido la Alcarria de Guadalajara y concretamente el municipio de Loranca de Tajuña. Allí la mina a cielo abierto que Calcen traspasó a Aripresa ya se ha tragado 28,75 hectáreas de un paisaje que nunca volverá a recuperarse. El ritmo de explotación es de 500.000 toneladas al año y la concesión contempla 30 años, extensibles a otros 60.

Según denuncia la Coordinadora de Loranca contra las Minas a Cielo Abierto, recientemente creada, “la situación es grave porque la mina se encuentra a menos de 2 kilómetros del pueblo y las urbanizaciones, algo que esta prohibido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, además de estar utilizando explosivos”. La Coordinadora se plantea “denunciar el caso ante la Fiscalía e imputar al alcalde, Antonio Calvo, por presunta prevaricación”.

La alarma social en este municipio de algo más de 1000 habitantes ha subido de tono ante la inminente apertura de una segunda mina de 33,36 hectáreas y una hormigonera dentro de lo que se denomina “Complejo Industrial de Loranca”, a tan sólo 400 metros de las urbanizaciones y a menos de dos kilómetros del pueblo.

Se da el agravante, según fuentes vecinales, que “el propio alcalde ha acompañado al promotor de la mina, Mariano Bravo e Hijos S.L., a convencer a los propietarios a que vendiesen sus terrenos y ha utilizado sus contactos políticos para sacar adelante el proyecto”. Unas imputaciones muy graves que de demostrarse podrían poner al mandatario municipal en serios aprietos judiciales.

Antonio Calvo justifica su política de promover minas a cielo abierto alegando que “traen progreso para el pueblo y no es verdad que contaminen el medio ambiente”. Concretamente cifra ese progreso en los 60.000 euros anuales que paga Aripresa por explotar la mina. Y partiendo de la idea de que no contamina, en ningún momento el Ayuntamiento se ha molestado en realizar las mediciones que contempla el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas para saber si se están traspasando los límites de contaminación atmosférica –originados por el polvo- permitidos. Tampoco se está teniendo en cuenta como afecta a los acuíferos, muy abundantes en la zona, y a tan sólo 25 metros de profundidad.

El clima de irritación y preocupación ha llevado a la Coordinadora a convocar una concentración en la plaza del pueblo el 12 de mayo, a las 12 horas. Se baraja la presencia de Joaquín Araújo, conocido comunicador y defensor del medio ambiente, así como el apoyo de Ecologistas en Acción y de la Plataforma de la Alcarria de Madrid.

Artículo escrito por VICENTA COBO (periodista colaboradora de varios diarios nacionales)




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