Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha presentado el informe «Urbanismo y depredación del territorio en Castilla-La Mancha» . En él se analizan las nuevas viviendas que promotores y ayuntamientos quieren construir en Castilla – La Mancha, junto con las infraestructuras urbanísticas y de comunicación, así como el impacto que supondrán.

Para su elaboración se han utilizado datos de la Junta de Comunidades, y de informaciones publicadas por ayuntamientos o por medios de comunicación. La suma de los datos de las cinco provincias arroja unos sorprendentes resultados: si actualmente hay sobre un millón de viviendas en la región, para el año 2030 hay intención de construir otro millón más.

Dicho crecimiento se va a producir básicamente por tres situaciones. Una de ellas es por el efecto expansivo de la vivienda en Madrid, que traspasa su Comunidad para extenderse fundamentalmente en el Corredor del Henares, en Guadalajara, y en La Sagra toledana. En otros casos es un gran aumento dentro o en el entorno de las grandes poblaciones de la comunidad. Por último también se producen urbanizaciones aisladas de las poblaciones, con vivienda unifamiliar, y a menudo buscando bellos entornos naturales; en muchos casos incluso dentro de espacios protegidos.

En el caso de la provincia de Albacete, se dan con claridad las dos últimas situaciones. La capital está creciendo desaforadamente, y el alcalde alardea que en pocos años llegaremos a 300.000 habitantes. Pensamos que lo importante no es tener una ciudad grande en tamaño, sino una ciudad agradable para los ciudadanos, equilibrada y bien dotada, y un alocado crecimiento lo haría difícil. También las poblaciones a su alrededor tienen todas ellas grandes pretensiones de crecimiento: La Gineta, La Felipa, Madrigueras (300 chalés junto al Júcar), La Roda (1.500 viviendas y campo de golf) y Chinchilla (1.800 chalés y campo de golf) preparan varios miles de nuevas viviendas, llegando incluso en esta última (Urbanización La Losilla) a triplicar su población actual. Y las mayores poblaciones de la provincia tampoco escapan a la fiebre del ladrillo.

Por otra parte, también las promotoras tienen puestos los ojos en zonas rurales. Los terrenos rústicos alejados de las poblaciones tienen unos precios muy bajos, que cuando son recalificados a urbanizables, disparan su valor, con lo que el negocio está asegurado en cuanto se consiga la firma del ayuntamiento correspondiente y de la Junta de Comunidades. Urbanizaciones como “Espartalia”, en Hellín (1.500 viviendas), “La Buena Vida”, en Montealegre (2.900 viviendas), o en Ossa de Montiel (4.000 chalés junto al Parque Natural de Ruidera), son algunos ejemplos, a los que habría que añadir otros en Socovos, Férez, etc.

Incluso, en el colmo de los despropósitos, se ha proyectado y autorizado por el Ayuntamiento de Hellín y la Junta de Comunidades la urbanización “Las Higuericas” (680 chalés) dentro de un espacio protegido. Este proyecto, cuya construcción se encuentra iniciada, ha sido denunciado por Ecologistas en Acción a la Fiscalía, ya que se encuentra dentro de una Z.E.P.A. (Zona de Especial Protección para las Aves), y de una propuesta de L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario); ambas figuras de protección europea, declaradas así por la propia Junta de Comunidades.

También analiza el informe la evolución de las infraestructuras, cuyas cifras resumen son que las Autovías de la Comunidad pasarán de los 1.000 km actuales, a los 2.790 km en el 2020, y las Líneas Ferroviarias de Alta Velocidad pasarán de 300 a 1.000 km.; muchas de ellas, afectando también a Espacios con Protección Ambiental Comunitaria. Parecida evolución tendrán las conducciones de agua y electricidad que se ampliarán en los próximos años.

Todo este desarrollo urbanístico y de infraestructuras desmesurado tiene un grave impacto en la ocupación de territorio, en un mayor consumo energético debido a la gran cantidad de vivienda dispersa, un mayor consumo de agua por la vivienda unifamiliar, y una afección irreparable a gran parte de los espacios naturales.

Por último, el informe propone una serie de propuestas encaminadas a frenar esta vorágine urbanística, y paliar sus perniciosos efectos, como son el fijar límites al crecimiento urbanístico, restricciones a las recalificaciones, mayor protección del suelo y ambiental, facilitar la participación pública e incrementar las actuaciones judiciales.

El informe completo, se encuentra disponible en la página: El desarrollo urbanístico amenaza a Castilla-La Mancha