Del “proyecto de ciudad” al despilfarro del territorio

En 20 años hemos pasado de la planificación territorial a la reclasificación salvaje.

Ramón López de Lucio, Catedrático de Planeamiento Urbanístico, ETS Arquitectura de Madrid. Revista El Ecologista nº 50.

En los últimos meses los desmedidos procesos de crecimiento urbanístico se han convertido en noticia de primera plana en los grandes diarios de ámbito nacional.

Quizás debiéramos preguntarnos por el particular modelo de desarrollo económico que subyace al imparable protagonismo de la construcción y las obras públicas en nuestro país. Modelo basado en el déficit endémico de la balanza comercial, que se agrava año tras año, en índices de productividad escasamente competitivos, en tasas de inversión en educación y en investigación-desarrollo a la zaga de las europeas, etc. Cada vez resulta más evidente que España busca su nicho de mercado, su peculiar ventaja competitiva dentro de la UE, en el lanzamiento a toda máquina del sector de la construcción. En su doble faceta de negocio inmobiliario (urbanización, vivienda) y de obras públicas (carreteras, autopistas, túneles). Es decir, en la comercialización y venta o alquiler por parcelas o por apartamentos del territorio nacional, productos por definición no substituibles por importaciones extranjeras.

La principal causa del escándalo que suscitan las previsiones de crecimiento de los espacios litorales o de los entornos de los espacios naturales de mayor valor es, precisamente, que tales desarrollos están siempre avalados, técnica y jurídicamente, por documentos urbanísticos aprobados, habitualmente por Planes Generales de ámbito municipal. ¿Qué ha sucedido en España para pasar, en sólo 20 años, de los responsables y comprometidos “proyectos de ciudad” de mediados de los 80 y primeros 90 –que planteaban reequipar los barrios, desactivar las ordenanzas de edificación más especulativas, ordenar mesurados crecimientos en tono a las ciudades existentes– a las masivas reclasificaciones de suelo que en la última década se plantean centenares sino miles de pequeños y medianos municipios?

En mi opinión, las principales razones son:

1. Ante la ausencia de directrices de ordenación territorial claras y vinculantes, dada la generalizada inacción de los gobiernos autonómicos, los municipios han explotado a fondo su práctica total autonomía. El urbanismo se ha convertido en el negocio más sencillo y lucrativo, en un rápido mecanismo de revalorización de extensas propiedades rurales capaz de generar gigantescas plusvalías a sus propietarios o intermediarios, con frecuencia estrechamente vinculados a los propios órganos de gobierno municipal. Además de ser una importante y espuria fuente de financiación municipal.

2. La rapidísima extensión de las redes viarias de alta capacidad. La pretendida estructuración territorial en base a grandes infraestructuras de comunicación ha hecho posible acercar a las ciudades y territorios entre sí, pero también ha puesto en valor inmensas extensiones de suelo que se han hecho accesibles en tiempos cada vez más reducidos.

3. Las innovaciones legislativas (Ley estatal de 1998, etc.) han introducido una mal entendida flexibilidad que se ha substanciado en generosas ampliaciones de los suelos potencialmente urbanizables, sin que su extensión guarde ya relación alguna con las necesidades previsibles, como había sido la norma. La paradoja es que esta ensalzada liberalización del suelo no ha originado una reducción de los precios de las viviendas, sino todo lo contrario, como es sabido.

4. La figura del agente urbanizador, puesta en circulación por la Ley valenciana de 1994 y rápidamente copiada por otras Comunidades, introduce mecanismos de gestión modernos y grandes recursos financieros (conexiones agente urbanizador-banca) siendo la responsable del boom de las costas valenciana y alicantina, aunque sus ecos llegan ya más lejos. Los organismos públicos –Comunidades, Ayuntamientos– se desentienden definitivamente del proyecto de ciudad o de la ordenación territorial, también de la promoción de vivienda asequible, bien localizada y comunicada, dejando en manos de la iniciativa privada el futuro del territorio a excepción de algunos parques naturales (que siempre podrán arder providencialmente).

Sólo un proyecto social y económico más innovador y responsable, más competitivo y sostenible, podría ser capaz de modificar el rumbo de esta masiva e improductiva captación de rentas parasitarias que conducen al despilfarro territorial, al agotamiento de los recursos y a la destrucción del paisaje.




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