Mercados Ambientales: oportunidad o responsabilidad

El sector medioambiental mueve en la UE 80.000 millones de euros anuales.

Antonio Cano Orellana, profesor de la Facultad de Económicas, Universidad de Sevilla. Revista El Ecologista nº 46.

La creciente sensibilidad social hacia los efectos indeseables de la actividad humana sobre la biosfera, especialmente de la actividad económica, hace que hoy día tenga sentido hablar de mercados ambientales.

La proliferación de eventos institucionales, a escala planetaria, centrados en diferentes aspectos ambientales, que se han venido sucediendo desde la Conferencia de Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), que abrió un debate en el seno del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en torno a las políticas de protección ambiental y su posible incidencia negativa en el comercio internacional, ha ido acompañada de un desarrollo considerable de lo que se ha dado en llamar industria ambiental. Como tal la OCDE considera al “conjunto de actividades de producción de bienes y servicios destinados a medir, prevenir, limitar y minimizar o remediar los daños ambientales provocados al agua, aire o suelo, así como los problemas relacionados con los desechos, el ruido y los ecosistemas”.

Un sector en auge

Las firmas financieras ABN AMRO y Citigroup presentaron a finales de marzo de 2005 la primera plataforma de información en línea para el “mercado internacional de servicios de ecosistemas, Ecosystem Marketplace”, con la que pretenden liderar el mercado de ecosistemas (agua, carbono, biodiversidad…). De acuerdo con el informe de Internacional Emissions Trade Association Situación y tendencias del mercado de carbono, de 2005, las transacciones en el mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) han crecido exponencialmente a una tasa anual que ha elevado los algo más de 13 millones de toneladas de CO2 en 2001 a más de 77 millones en 2003, con un precio medio de 10 euros por tonelada. De enero a octubre de 2005 esta cifra se eleva ya a los 97 millones de toneladas y su precio asciende a 21 euros por tonelada (Carbon Finance Magazine, octubre 2005). Para 2012 se estima que el mercado europeo de carbono ascienda a los 45.000 millones de euros. En la actualidad, el sector medioambiental mueve en la UE alrededor de 80.000 millones de euros anuales.

En concreto, en España, a pesar de no existir aún una estadística global del sector y un vacío respecto a la propia definición de industria y servicios medioambientales, según el Informe de Coyuntura Económica del Sector Medioambiental, 2003, del Ministerio de Medio Ambiente, el sector representaba en 2003 una facturación de unos 9.800 millones de euros (el 2,8% del mercado mundial y un 8,9% del europeo) y algo más de 208.000 empleos.

Al mismo tiempo, el aumento de la competencia y la existencia de mercados extraordinariamente saturados, asociado a esa mayor sensibilidad social, y me atrevería a decir institucional, ha favorecido que algunas corporaciones empresariales hayan observado en el medio ambiente una oportunidad de negocio, un nicho de mercado (como suele decirse en el argot económico) ante una demanda muy segmentada.

Además, se ofrece como una vía para evitar que el requerido crecimiento económico para los países más pobres pueda traducirse en daños ambientales no deseados. De hecho, una parte importante de iniciativas verdes tienen su punto de mira en los que Naciones Unidas denomina países en desarrollo, e incluso para los también denominados países menos adelantados. No obstante, el documento El comercio y el medio ambiente, de abril de 2004, de la Organización Mundial del Comercio (OMC) hace referencia a lo comentado en estos términos: “Desde el punto de vista de los países en desarrollo, donde la pobreza es la preocupación política número uno y el obstáculo más importante para la protección ambiental, la apertura de los mercados mundiales a sus exportaciones es esencial... Eso significa que las normas ambientales aplicadas por algunos países podrían ser inapropiadas y tener un costo económico y social injustificables para otros países, especialmente para los países en desarrollo. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son especialmente vulnerables a este respecto” La discusión abierta en 1971 en el GATT, predecesor de la OMC, a pesar de los años transcurridos, sigue viva.

La estrategia BIOTRADE, promovida por UNCTAD, o el Pago por los Servicios Ambientales (PSA) [1], cuyo propósito es crear un mercado para un bien ambiental que habitualmente no tiene asignada una valoración monetaria precisa, así como las acciones derivadas de la aplicación del Protocolo de Kioto entran a formar parte del tipo de iniciativas a las que anteriormente hacía referencia.

La revista Forum, de comercio internacional, relata: “Apenas conocido por el gran público, el sector de las tecnologías, productos y servicios ambientales ha alcanzado en 20 años un tamaño comparable al de las industrias aeroespacial y farmacéutica, con una cifra de negocios de unos 450.000 millones de dólares en el año 2000. En el 2010, dicha cifra debería ser de 640.000 millones. De ese total, más del 15% corresponderá a los países en desarrollo y emergentes”. Según estimaciones de la Joint Markets Unit de Reino Unido estos últimos países ampliarán su mercado en este siglo y podrán llegar a una cifra de negocios anual de 178.000 millones de dólares.

Función social del mercado

Sea como fuere hay un par de aspectos sobre los que quisiera llamar la atención. Los mercados ambientales están, generalmente, asociados a una visión rectal de los procesos económicos. Se orientan hacia las consecuencias de una economía que deja los ciclos de materiales abiertos, favoreciendo una dinámica de creciente acumulación de desechos. No incorporan, pues, la necesidad de cerrar los ciclos asumiendo la idea de “la cuna a la cuna (cradle to cradle)” característica de las sociedades premodernas.

Estamos extremadamente preocupados por las consecuencias de los acontecimientos, incluso en aquellos casos en los que existe una intervención humana directa, pero descuidamos los antecedentes, las causas que los originan. Y enlazo esta reflexión con la segunda de las observaciones a las que quería hacer referencia: la idea de mercado y su función institucional y social.

Decía el Nobel de Economía Ronald H. Coase que “cuando los economistas [y, particularmente, pienso que el común de los mortales] hablan de estructura de mercado no se refieren al mercado como institución, sino al número de empresas, diferenciación de productos... e ignoran por completo la influencia de las instituciones sociales que facilitan el intercambio”. Esta noción de mercado se encuentra en estrecha relación con su idea de economía como ciencia de las elecciones humanas.

Es más, el mercado, si huimos de la tentación de formulaciones abstractas, es –como sugiere el profesor Aguilera Klink– un sistema institucionalizado que funciona gracias a unas reglas del juego claras y precisas. Es posible su existencia, por tanto, gracias a la existencia de un marco institucional que lo hace posible.

El problema, pues, no es tanto discutir su existencia o los supuestos intereses oscuros que los impulsan. Sino si verdaderamente satisfacen funciones económicas, institucionales, sociales y ambientales orientadas a alcanzar el bienestar general, o bien dirigidas a favorecer la reducción o eliminación de aquellos efectos que la sociedad considera inaceptables.

En el terreno ambiental, como en otros muchos, los seres humanos tomamos decisiones, con mayor o menor capacidad de elección autónoma. La existencia, por otra parte, de valores y normas compartidas no universales y de intereses contrapuestos hace que el conflicto ocupe un lugar destacado en los procesos de elección.

La complejidad de los fenómenos ambientales asociados a las prácticas humanas y la multitud de intereses y valores enfrentados requieren el establecimiento de normas, reglas de juego compartidas y respetadas, tanto en el ámbito local como a escala global. Se precisan, también, mecanismos señaladores, y, en consecuencia, señales, que permitan trazar una ruta para establecer relaciones armoniosas y amigables con el resto de los ecosistemas terrestres, o advertir de los peligros que determinadas actividades económicas originan y que pueden poner en grave riesgo la seguridad misma de las personas.

Determinados mercados denominados ambientales pueden satisfacer esa función. Para ello, es preciso que estén bien diseñados, que dispongan de una regulación totalmente especificada, que posean suficiente transparencia, que se inscriban en un marco de valores y normas compartidos y que se doten de un sistema de autoridad que garantice los acuerdos institucionales y evite la reiteración de resultados contrarios a los intereses de la sociedad y, especialmente, de los sectores sociales más desprotegidos.




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