Una vez más, el Ayuntamiento de El Puerto utiliza toda la maquinaria administrativa no para defender el medio ambiente y el interés general de los ciudadanos, sino para favorecer a los promotores urbanísticos. Ecologistas en Acción viene denunciando el escándalo que supone que el Ayuntamiento de El Puerto haya permitido la venta de los terrenos del antiguo camping de Valdelagrana por parte de la Diputación a la Empresa Urbis, cuando estos terrenos eran de propiedad municipal y fueron vendidos en 1964 a la Diputación a un precio simbólico para la “promoción del turismo”. En concreto, se vendió una finca de más de 300.000 m2 por siete millones de pesetas (unas 20 pts/m2), que fueron pagadas en obras de urbanización en la misma Valdelagrana.

En el año 2002 la Diputación vendió los 66.130 m2 del camping directamente a la empresa Urbis por 3.612.000 €, es decir a 54,6 €/m2, cuatro veces inferior al valor que asegura el Ayuntamiento que tienen a efecto de expropiación como suelo urbanizable, ya que el sr. Concejal de Urbanismo aseguró recientemente la imposibilidad de expropiar estos terrenos debido a que habían sido tasados por los técnicos de su concejalía en 15 millones de euros. Urbis vendió con posterioridad a la empresa Guadasol los 42.335 m2 que ahora se pretenden urbanizar para “apartamentos turísticos”

Pues bien, el Ayuntamiento ha tramitando a toda prisa el Estudio de Detalle para poder conceder la licencia antes de las elecciones y así dificultar cualquier tentativa de expropiación. Hay que resaltar que la nueva Ley del Suelo tasa los suelos en función de la situación que tienen en cada momento o no en las expectativas de desarrollo urbanístico, es decir, el tan cacareado lucro cesante al que siempre aluden los responsables municipales para bloquear cualquier intento de modificación de la clasificación de suelos declarados en el PGOU vigente como urbanizables, ya no tiene base legal alguna. De hecho, existen sentencias del Tribunal Supremo en este sentido incluso antes de la probación de esta nueva Ley, pero el Ayuntamiento -IP y PSOE- siempre ha defendido el interés de los promotores y no de los ciudadanos. Así, sería posible desclasificar suelos de alto valor ecológico como la finca La China o el camping de Valdelagrana o las escasas pinaletas y retamares que sobreviven en la Costa Oeste para que no acaben siendo destruidas con el pretexto de que “son urbanizables”.

Si hubieran iniciado los trámites de desclasificación de estos suelos -las alegaciones que presentó en este sentido Ecologistas en Acción fueron desestimadas de nuevo por IP y PSOE-, se podrían expropiar a un precio más que asumible por el Ayuntamiento, desde luego por mucho menos dinero que el que ha ingresado el Ayuntamiento en licencias de obras, convenios urbanísticos y venta de edificabilidad en los suelos forestales que se han urbanizado estos últimos años. Hay que recordar que la valoración realizada por técnicos de la concejalía de Urbanismo a efectos de expropiación de el pinar de Coig (¿Se acuerdan de esta orden de expropiación de Rodríguez?) para adecuarlo como Sistema General de Espacios Libres fue de 3 €/m2, por lo que en base a esta misma valoración y una vez clasificados estos 46.244 m2 como parque público, su precio a efectos de expropiación sería de 138.732 €. ¡Una ganga!

Que IP y PSOE expliquen públicamente por qué no han esperado a la entrada en vigor de la nueva Ley y por qué no han aprobado la alegación de Ecologistas en Acción que proponía desclasificar los pinares de Valdelagrana, el retamar de la China y el valioso bosque litoral de Bahía Blanca para convertirlos en parques públicos.

Ecologistas en Acción sigue esperando respuesta de los candidatos a la alcaldía de IP y PSOE sobre por qué no cumplen el acuerdo tomado en el Pleno del pasado 1 de diciembre, en el que por unanimidad se apoyaron las demandas de la manifestación del día anterior, entre ellas, que se protejan la totalidad de zonas forestales como Suelo No Urbanizable de Especial Protección o Sistema General de Espacios Libres.