Estamos absolutamente convencidos de que no se va a urbanizar el Pinar, al haber tenido conocimiento recientemente de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que actualmente es firme, y que declara la obligación de restaurar la zona.

Las dificultades para obtener semillas, propágulos o ejemplares de especies en peligro de extinción o vulnerables, tanto de flora como de fauna que suponen volver al estado inicial un ecosistema muy diverso, hace prácticamente imposible, a corto plazo, alcanzar esta tarea, al menos en los amplios rodales eliminados. Algunos expertos cifran en 30 años el tiempo mínimo necesario para considerar óptimamente restaurada la zona. Sólo entonces, de persistir la propuesta de edificación, podría, con no pocas limitaciones legales, empezar a poner ladrillos, algo que, insistimos ya vemos casi imposible. Además, confían en que las sentencias en los recursos contenciosos interpuestos, por otros asuntos relacionados con el Pinar de Hierro, les sean favorables y, finalmente, se proteja íntegramente el Pinar dada la reciente jurisprudencia que se ha dictado al respecto en zonas con menos especies protegidas.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha remitido al Juzgado de Instrucción Decano de Chiclana, las dos denuncias presentadas por la Plataforma en Defensa del Pinar de Hierro, por «evidenciarse hechos de posible significación penal». Ambas se han acumulado en el mismo procedimiento penal.

Una es por daños a la flora y fauna protegida, al arrasar el promotor inmobiliario unas 23 has. del Pinar y la otra por no haber actuado la administración local, en el año 2.000, ni la Junta de Andalucía que también podría haber impedido los daños desde un primer momento y no lo hizo hasta cinco meses después, cuando ya se había perpetrado el atentado ecológico.

La gravedad de los hechos es tal que, por la primera, la pena prevista puede ser hasta de cuatro años de prisión y, por la segunda, a la autoridad o funcionario responsable se le puede inhabilitar hasta por diez años. Los responsables de los hechos denunciados, con distinto grado y por distintas razones, son el promotor inmobiliario Manuel Ávila Fornell, el exconcejal de Urbanismo Juan Luís Belizón, el exalcalde Manuel Jiménez Barrios, el exconcejal de Medio Ambiente José María Román y el exdelegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente Sebastián Saucedo.

Ahora podemos comprobar hasta qué extremos, aquellos responsables políticos que podrían haber evitado este desastre ecológico en el paraje de mayor biodiversidad de todo el término, actuaron irregular e ilegalmente para beneficiar a un solo promotor, menospreciando así los intereses generales.

La Plataforma le pide al Sr. Alcalde que deje de apoyar y justificar a los presuntos delincuentes, que han ocasionado uno de los mayores atentados ambientales del término municipal en toda la historia.

Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa del Pinar de Hierro