Ecologistas en Acción de Cádiz denunció en octubre de 2005 ante la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la realización de obras de desvío del cauce del río Guadalete a su paso por Grazalema. El río quedó convertido en un horrendo canal de rocas y hormigón. Este desvío y encauzamiento del río se realizó para permitir la construcción de un bloque de viviendas, cuya planta, ya levantada, llegaba hasta la misma orilla del cauce natural del río. Esta obra se realizó sobre una zona que, además de la protección propia del dominio público hidráulico, está clasificada por el actual PGMO como Sistema General de Espacios Libres, gozando por tanto de la máxima protección. Esta obra vulneraba también el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural vigente entonces, que en su art. 2.1.1.f prohíbe “La realización de actuaciones constructivas que atenten contra la conservación y/o funcionalidad de los espacios del dominio público, en particular de las vías pecuarias y riberas de ríos y embalses”.

Nuestras denuncias dejaron al descubierto una trama de corrupción urbanística que llevó a la detención del arquitecto municipal y de los promotores y constructor de estas obras. Todos ellos, así como el anterior alcalde de Grazalema Antonio Mateos, están imputados por sendos delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio, pago de comisiones y, en el caso del ex alcalde, de prevaricación.

A pesar de ello, la Consejería de Medio Ambiente mostró una pasividad incomprensible y sólo ante las denuncias de Ecologistas en Acción se decidió a actuar abriendo expedientes sancionador por “falta grave”, lo que permite una sanción entre 6.000 y 60.000 €. La CHG abrió también expediente con una propuesta de sanción de 300.000 €. Pues bien, estas sanciones, a pesar de la gravedad de estos hechos, se han quedado en el mínimo permitido por la ley: 6.000 € en el caso del expediente abierto por la CMA, y 40.000 € en la del organismo de cuenca, ahora la Agencia Andaluza del Agua dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Ante estos hechos, Ecologistas en Acción ha pedido a Fuensanta Coves que:

  • Se nos conteste a las denuncias presentadas en esa Consejería por los hechos relacionados.
  • Se nos explique las razones que han llevado a esa Consejería a imponer multas mínimas a una actuación que ha provocado un gravísimo impacto ambiental en un municipio emblemático de un parque natural emblemático, y que ha generado un escándalo de corrupción urbanística y una enorme alarma social.