Recurrido el archivo del expediente contra el presidente de FEVEMA

En junio del año pasado Ecologistas en Acción presentó una denuncia contra Francisco García Garrido, presidente de FEVEMA (federación que agrupa a varias barriadas de viviendas ilegales), por la construcción de una casa ilegal en una parcela ubicada en la calle Peral San Antonio nº 22, del “Pago Los Perales”, suelo declarado No Urbanizable Especialmente Protegido de Uso Agrícola. Ecologistas en Acción solicitó al anterior concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez que procediera a incoar los correspondientes expedientes sancionador y de restablecimiento de la legalidad urbanística según lo dispuesto en la LOUA, que conllevaría la demolición de la vivienda.

Urbanismo abrió los expedientes pero ha tardado casi un año en resolver, año en que el expediente se nos ha negado hasta en una decena de veces con la justificación de que lo tenía el Jefe de Servicio de Disciplina Urbanística. Al final, Rodríguez ha archivado el expediente con el argumento de que la casa llevaba más de cuatro años construida y la infracción estaba prescrita. Esto es absolutamente falso, pues entre otras cosas Ecologistas adjuntó una serie de fotografías aéreas de la parcela de García Garrido en las que se podía comprobar perfectamente que en el año 2003 todavía no estaba terminada la casa y que las obras prosiguieron ese año. Hay que tener en cuenta que las infracciones urbanísticas prescriben a los cuatro años, y en este caso no se habían cumplido. García Garrido aportó un informe técnico en el que aseguraba que la casa estaba construida desde hace más de cuatro años, hecho absolutamente falso.

En vista de esta manifiesta ilegalidad, que puede ser constitutiva de sendos delitos de prevaricación y falsedad documental, Ecologistas en Acción solicitó un informe al Servicio de Geografía y Estadística del Ayuntamiento para que en base a los vuelos aéreos existentes se certificara si efectivamente en junio de 2002 estaba terminada la casa ilegal.

Pues bien, el Secretario del Ayuntamiento nos ha remitido un certificado en el que se asegura que, en base al informe emitido por el mencionado Servicio, se afirma que si bien “el volumen construido de la edificación principal de la parcela, que se observa en las imágenes de 2.006, es similar al de las imágenes de 2.003, el grado de terminación de las obras que se aprecia en la imagen de 9 de mayo de 2.006, es diferente al que se observa en las imágenes de 2.003.” En este sentido, continúa advirtiendo el informe que “puede observarse con total claridad en esta parcela, el espacio exterior a la edificación ahora está solado” y que, “así mismo se aprecia perfectamente que la parte de la edificación que está cubierta de tejas es mayor que la que figura en los fotogramas de 2.003.”

Entre otras consideraciones, acaba concluyendo el informe que “entre los días 7 y 28 de junio de 2.003 se han realizado obras de colocación de tejas sobre una parte de la cubierta de la edificación aquí mencionada y que así mismo el día 28 dicha obras no estaban concluidas, al ser dicha terminación diferente de la que se observa en la actualidad, aunque el volumen construido sea el mismo. Igualmente se hace constar que con posterioridad al día 28 de junio de 2.003, se ha procedido a la colocación de solado en el espacio circundante y que aparece un nuevo elemento construido en la parte posterior de la parcela, colindante con el límite norte de la misma...”

Por lo que queda demostrado que en junio de 2.003 la vivienda del denunciado no se hallaba finalizada, que García Garrido presentó un informe técnico falso, y que el Sr. Rodríguez ha archivado un expediente de forma ilegal.

En base a todo ello Ecologistas en Acción ha solicitado al Alcalde de El Puerto lo siguiente:

1. Que revoque la resolución de fecha 22-5-2.007 que archivaba el expediente contra García Garrido.

2. Se sancione al denunciado en la forma prevista en los arts. 207 y 208 de la LOUA y se le imponga la medida de restablecimiento de la legalidad prevista en el art. 182 y ss, con la demolición de la mencionada vivienda.

3. Se remitan las actuaciones al Ministerio Fiscal por la presunta comisión de un delito sobre la ordenación del territorio previsto y de un delito de falsificación documental.




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