Niegan el apoyo al Plan Especial del Alto Guadiana

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO-BirdLife y WWF/Adena consideran que la Confederación ha cedido en exceso ante las presiones de la Junta de Castilla-La Mancha y de los regantes. Ahora se debe abrir un nuevo proceso hasta la presentación del PEAG ante el Consejo Nacional del Agua en el que los grupos ecologistas confían para reconsiderar, en su caso, la posición adoptada.

El único voto ecologista, emitido hoy por José Manuel Hernández, en el Consejo del Agua de la Cuenca del Guadiana ha sido en contra del documento del Plan Especial del Alto Guadiana que se ha presentado a votación por parte de la Confederación Hidrográfica. Dicho texto, redactado a partir de la revisión del que se sometió a información pública hace unos meses, no recoge casi ninguno de los aspectos que las organizaciones ecologistas consideran cruciales para garantizar la consecución de los objetivos ambientales del PEAG en un plazo de tiempo razonable.

A partir de la concesión para regadío de 200 hm3 que plantea el PEAG es imposible cumplir con el requisito fundamental de recuperar los acuíferos ni siquiera en el año 2027, año de referencia en segundo plazo de prórroga que ofrece la Directiva Marco de Agua para poder conseguir alcanzar el buen estado ecológico de la cuenca. Incluso suponiendo que no hubiera extracciones ilegales, ni concesiones a abastecimientos ni a otros usos, dada la disponibilidad de recursos renovables que el propio PEAG sitúa entorno a los 300-320 hm3, no habría posibilidades de recuperar el acuífero en menos de 25 años contando a partir de que las medidas se pusieran en marcha, lo que nos lleva a 2035-2040.

Por otra parte, el PEAG ha evitado fijar criterios e indicadores objetivos que permitan evaluar el proceso de recuperación de los acuíferos y no reflejado tampoco mecanismos de reversión de los cuantiosos fondos con los que se pretende subvencionar a los regantes en el caso de que no cumplan con las medidas de reducción de consumo de agua.

Aún peor, sigue la impunidad ante el uso ilegal del agua. En el último año sólo se han cerrado seis pozos ilegales en una cuenca con más de 60.000 perforaciones no autorizadas y además se han negociado los expedientes sancionadores con los infractores.

Según las ONG, falta realismo en el PEAG y credibilidad en las instituciones, en particular, en la Junta de Castilla-La Mancha, que será entidad corresponsable de la ejecución del PEAG a partir de la constitución del Consorcio. Precisamente el amplio margen de maniobra que se concede al Consorcio que gestionará el PEAG, constituido a partes iguales por Junta y CHG, es otro de los motivos que hacen desconfiar a las organizaciones ecologistas.

Los ecologistas demandan que se reduzcan a 130 desde los actuales 200 hm3 anuales de agua para regadío y que se establezcan escenarios transitorios evaluables, entre la actualidad y 2027, evitando hacer depender el régimen anual de explotación de los acuíferos y la lucha contra los ilegales de cuestiones políticas, tal y como ocurre hasta ahora.

Los ecologistas consideran que la única oportunidad que le queda al PEAG para recuperar la credibilidad es su tramitación ante el Consejo Nacional del Agua.




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