Colaboración especial nº 50.

Cristina Narbona Ruiz, Ministra de Medio Ambiente. Revista El Ecologista nº 50.

Las organizaciones ecologistas, y publicaciones como El Ecologista, han cumplido, cumplen y cumplirán un papel fundamental para elevar la conciencia de la ciudadanía sobre la gravedad del deterioro ambiental. Lo que hace años era una preocupación minoritaria y alarmista para muchos, hoy se debate en foros internacionales y en el marco de las Naciones Unidas, como sucede con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o la amenaza para la salud y el medio ambiente de muchos productos químicos.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el Ministerio de Medio Ambiente en particular, establecieron como uno de sus primeros objetivos recuperar el diálogo e incentivar la participación de la sociedad, y de las ONG en particular, algo que se había deteriorado, primero, y perdido, después, durante las dos legislaturas del PP.

El Consejo Asesor de Medio Ambiente, tras un largo paréntesis, ha vuelto a funcionar, con la plena participación y el aporte crítico de las organizaciones ecologistas, y algo similar sucede con el Consejo Nacional del Clima y el Consejo Nacional del Agua.

El Ministerio de Medio Ambiente promueve la participación de las organizaciones ecologistas, consciente de su importancia, con independencia de que, en ocasiones, no se puedan satisfacer plenamente sus demandas. Demandas que, dada la complejidad de nuestra sociedad, no siempre comparten otros sectores sociales.

El Gobierno, además de gestionar, ha creado, en materia ambiental, un marco perdurable en el que la participación plena de la sociedad se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico. La Ley que traslada a la legislación española los contenidos del Convenio de Aarhus garantiza de forma plena la transparencia del proceso de toma de decisiones en los temas ambientales tanto en lo que se refiere al acceso a la información como a la participación y a la justicia ambiental.

Otros importantes avances en esta legislatura han sido la creación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y la reforma de la Ley del Suelo, que favorecerá la aplicación del Código Penal en las infracciones urbanísticas y posibilitará una valoración del suelo sustancialmente distinta a la ahora en vigor.

Pero más que lo hecho, es todavía mucho lo que queda por hacer, y en esa tarea vuestra aportación y vuestras críticas siempre serán bienvenidas.