El proceso privatizador a escala mundial de la educación, conjuntamente con otros servicios del “estado del bienestar”, no escapan al paradigma neoliberal imperante que busca nuevas cuotas de negocio en todos los aspectos de la vida. Este proceso va de la mano de estrategias de desprestigio y ruptura de la concepción de la educación como un derecho a proteger por la sociedad, garante de la igualdad de oportunidades y apuesta de futuro.

Charo Morán y Beatriz Errea, Comisión de Educación de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 73.

Sin embargo, este desmantelamiento progresivo de la enseñanza pública no sólo incluye el control monetario de negocio mediante privatizaciones sino que va mucho más allá, promoviendo soluciones mercantilistas tanto en la gestión, como en el ideario educativo, métodos, currículos y prácticas pedagógicas en los centros de enseñanza.

Recortes en la pública, incremento de fondos para la concertada y privada

Estamos asistiendo a una gran movilización de profesores, padres, madres, jóvenes y sociedad, en general, en contra de los recortes en la educación pública y el desvío de fondos hacia la concertada y la privada. En España, los primeros conciertos de centros privados surgieron con el gobierno de Felipe González, justificado en una mayor demanda de escolarización con respecto a la oferta que la escuela pública podía ofrecer en ese momento. Sin embargo, lejos de convertirse en un apoyo transitorio y minoritario, se fue incrementando progresivamente lo que ha conducido a la doble opción, concertada y pública, que compiten por los recursos de las arcas públicas. A modo de ejemplo, en el estado español se dobla la media europea en porcentaje de escolarización en centros concertados, siendo este porcentaje del 50% en algunas comunidades autónomas, en las que se está haciendo una clara apuesta por la enseñanza privada.

Sin embargo, los conciertos educativos, aunque más conocidos, no es el único mecanismo que se está utilizando para financiar la escuela privada. También se destinan fondos públicos a ayudas para material educativo para profesorado y centros, se financian actividades extraescolares, se facilitan exenciones fiscales a familias o bien se ceden gratuitamente terrenos públicos para la ubicación de nuevos centros privados, incluso de élite.

En el estado español, los centros privados y concertados corresponden mayoritariamente a la Iglesia católica como resultado de una situación ventajosa, que proviene de tratos de favor del pasado y que supone un presupuesto público en educación de más de 3.500 millones de euros al año, más otros 600 destinados a las salarios del profesorado que imparte religión católica (1). Todo un ataque a la libertad de creencia propia de un estado aconfesional. En algunos de estos centros se dan situaciones que deberían haber quedado en el pasado como la segregación por sexo, tanto de alumnado como de profesorado.

Estos recortes a la enseñanza pública no solo se están produciendo en etapas escolares obligatorias. El presupuesto destinado a la educación infantil, prácticamente privatizada y con normativas que cuestionan su carácter educativo, a la enseñanza de adultos y a programas de educación ambiental, entre otros, se ha visto seriamente reducidos.

Otra vuelta de tuerca: las grandes empresas dentro de la escuela

Según datos de la UNESCO, la educación mundial supone un capital de dos billones de dólares anuales, suculento botín para grandes empresas y capitales financieros. Así, en Inglaterra, empresas vinculadas a la venta y fabricación de armamento se han hecho cargo de la gestión de varias escuelas, incluso algunas de ellas cotizan en bolsa. En EEUU, Alemania, Austria y Holanda hay una gran presencia publicitaria en los centros y las propias empresas diseñan el material educativo, publicitando sus productos y lavando su imagen. No es de extrañar que los libros de texto estén forrados con imágenes de marcas de cereales o en su interior haya anuncios de colonia y marcas de ropa deportiva.

Aunque en el estado español este fenómeno es, todavía, incipiente, es frecuente que las editoriales de los libros de texto hagan regalos a profesorado y centros, se oferten actividades extraescolares en las que se visitan las instalaciones de las grandes empresas mostrando las bondades de sus productos a las consumidoras y consumidores futuros, o bien marcas de yogures o de productos de higiene impartan charlas sobre dietética o sexualidad. Existe el peligro de que, como ha ocurrido en otros países, la falta de recursos en los centros suponga una vía de entrada de las empresas en el sistema educativo, imponiendo los fines lucrativos sobre la calidad de la enseñanza.

Introduciendo la lógica neoliberal en el sistema educativo

La política educativa sirve para reproducir el propio sistema socioeconómico, apostando por la eficacia, productividad y competitividad propias del ideario económico, al servicio de la sociedad de consumo, del mercado y de la empresa (2). En el Pacto Educativo propuesto por el Ministerio de Educación se promueven las ideas, métodos y prácticas propios del mundo empresarial que guíen los objetivos del sistema educativo, introduciendo incentivos de rendimiento académico, la excelencia, el esfuerzo, la disciplina y baremos de comparación entre centros independientemente de las características de su alumnado (3).

Los centros educativos se gestionan, cada vez más, siguiendo el modelo empresarial, devaluando el protagonismo y participación de la comunidad educativa en favor de equipos directivos formados para la gestión, que pasan a ser los valedores de la Administración y sus directrices en algunos centros docentes. De esta manera, se promueve una educación acrítica y disciplinada que el sistema socioeconómico demanda.

El futuro para el alumnado está en prepararse para conseguir un empleo asalariado, mantener el estatus de consumidor y, así, la aceptación social. La problemática de la inserción laboral está por encima de la integración social y política de las futuras ciudadanas y ciudadanos. Un utilitarismo enfocado a la empresa que inactiva el interés e inacción ante los retos de futuro que se plantea a la sociedad, tales como la crisis socioambiental.

Así, de la educación integral se pasa a la formación necesaria para una adecuada empleabilidad. El mercado laboral necesitará una minoría con alta cualificación en competencias para el mercado, que conozca el idioma inglés, lengua de la globalización y de la empresa, así como las nuevas tecnologías de la información. Una formación que será fundamental para competir en el contexto de progresiva pérdida de derechos laborales, bajada de salarios y grandes tasas de desempleo juvenil. Pero, también, seguirá siendo necesaria una masa acrítica y dócil, mano de obra para empleos marginales y con paupérrima remuneración económica, única alternativa para aquellos que “no han aprovechado adecuadamente las oportunidades educativas que tuvieron”. De esta forma, con el deterioro de la escuela pública que facilitaba la igualdad de oportunidades, las élites accederán a aquellos empleos de mayores salarios y responsabilidad en el mundo globalizado, gracias a su “libre elección” de centros privados favorecidos con desgravaciones fiscales y ayudas institucionales, concertados subvencionados por la ciudadanía y centros de “excelencia”.

Sobre esta premisa de libertad de elección de centro, ante el deterioro de la pública (incremento de las ratios por aula, la reducción de recursos, falta de apoyos, etc.), que impide el poder atender adecuadamente a la diversidad, las madres y padres de clase media deciden abandonar la escuela pública, preocupados por la supuesta bajada del nivel educativo. Progresivamente, las alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y migrantes, se escolarizan en la escuela pública (hasta el 80%), que debido a los recortes, no dispondrán ya de los equipos de orientación pedagógica, aulas de enlace, apoyos lingüísticos, etc. Esta será la única opción para las clases sociales desfavorecidas que se concentrarán en centros de “segunda categoría”.

La oferta educativa pasa a ser un bien de consumo más. Se argumenta insistentemente que los consumidores tienen derecho a elegir libremente la opción que prefieren para la educación de sus hijas e hijos. El derecho individual como consumidor, soportado con fondos públicos, está por encima del derecho colectivo que apueste por una educación de calidad que garantice la igualdad de oportunidades y desarrollo integral de todas las personas.

Sin embargo, esta supuesta libertad de elección no es tal. En realidad, son los centros privados concertados los que seleccionan al alumnado que le interesa, una clientela de calidad. A través de variadas estrategias, como la promoción de matriculaciones directas de alumnado procedente de sus propias escuelas infantiles privadas inaccesibles a las clases sociales más desfavorecidas. Y consiguiendo aportes económicos “extra” a través de actividades extraescolares, uniformes, material escolar o comedor, que hacen que sea inviable la presencia de niñas y niños con familias de bajos recursos.

Otra forma de competitividad en la escuela son las pruebas de nivel que se efectúan por parte de las administraciones y que suponen, tras su publicación, una competencia desleal con los centros públicos de zonas desfavorecidas y del medio rural, en los que poner una nota les desprestigia frente a los demás centros. Unas notas altas suponen un señuelo para captar alumnado hacia los centros, lo que obtendrá, a su vez, una recompensa con mayores fondos públicos. Sin embargo, es evidente que una adecuada evaluación de la calidad de la educación debería tener en cuenta la evolución del alumnado con respecto al punto de partida, más que con los resultados numéricos de las pruebas de nivel.

Ante esta situación estructural de segregación de “buen” alumnado y “mal” alumnado, íntimamente relacionado con la clase social, se transmite la individualización del fracaso escolar, causante de los problemas en los centros, como si estuviese al margen de este deterioro del sistema educativo. Se les culpa de no aprovechar las oportunidades que se les ofertan, de falta de esfuerzo, y se justifica de este modo, la mayor dotación de recursos al alumnado que verdaderamente lo va a aprovechar. Se trata de personas prescindibles para el sistema que engrosarán en mayor medida las bolsas de desempleo y la exclusión social, pasando el periodo de educación obligatoria “retenido” en los centros contra su voluntad o desviados hacia itinerarios formativos de menor prestigio social.

Los centros privados y concertados se concentran en las ciudades, donde se da más oportunidad de negocio y posibilidad de captar una clientela más adecuada a sus intereses, mientras que las zonas rurales con poco alumnado o zonas suburbiales son atendidas por la escuela pública que, de momento, sigue siendo el garante de acceso a la educación aunque sea deficitaria. La función subsidiaria de este sistema público sería la formación de los sectores sociales desfavorecidos y sin futuro académico, toda una estrategia de segregación y consolidación de la estratificación social.

Mientras estos aspectos se potencian, los currículos (3) y valores necesarios para el mantenimiento de una vida que merezca la pena ser vivida para toda la población y los retos que se plantean ya en el presente, tales como la insostenibilidad ecológica e inequidad social, aparecen en el sistema educativo de una forma tangencial y sin un análisis certero que nos conduzca a la búsqueda de verdaderas soluciones.

Se favorece la individualización y competitividad frente a lo colectivo y la cooperación. La homogenización y segregación en clases frente a la diversidad y heterogeneidad que supone vivir en sociedades complejas. El beneficio a corto plazo frente al largo recorrido que conduciría a los cambios de modelo. Lo incuestionable del sistema socioeconómico frente a la incertidumbre de los retos que se plantean a la especie humana y, con ella, toda la biosfera, que deberían promover soluciones verdaderamente democráticas. La falacia de una economía no sujeta a límites, apoyada en un tecnoentusiasmo desbordado y el crecimiento continuo en el uso de energía fósil no renovable, materiales y generación exponencial de residuos, frente una vida más austera y autogestionada que minimice el impacto del Homo economicus sobre la Tierra y, con ello, nuestra propia posibilidad de supervivencia.

Notas

  1. La prórroga de un Concordato firmado con el Vaticano en tiempos de la dictadura franquista supone para el Estado Español más de 6.000 euros anuales destinados a la Iglesia Católica.
  2. Consultar aportaciones del sociólogo de la educación Ignacio Fernández de Castro: http://en.scientificcommons.org/ignacio_fernandez_de_castro
  3. En el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa los servicios públicos, como la educación, pasan a llamarse Servicios Económicos de Interés General (SIEG) estableciendo que la gestión de estos servicios se sujetarán “a las normas sobre competencia”.
  4. El curriculum oculto antiecológico de los libros de texto. Cembranos F., Herrero Y. y Pascual M. (Coords). Editorial Popular, Madrid 2007.