A PESAR DE LA DENUNCIA DE FISCALÍA Y DE LA ORDEN DE PARALIZACIÓN, SE SIGUE CON LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE CARATAUNAS

Como ya es notorio en este país, ante la incapacidad de las administraciones y la lentitud de la justicia, los infractores van a los “hechos consumados”, sabiendo que después no hay nadie que haga cumplir las órdenes de demolición.

En esta España de charanga y pandereta y de Frascuelo y de María, como decía Machado, el delito urbanístico es lo habitual y la disciplina urbanística la excepción y todo el mundo se cree con derecho a hacer lo que quiera porque la experiencia le dice que no pasa nada.

Confiábamos que la acertada intervención de la Fiscalía llevaría aparejadas las medidas pertinentes para evitar mayor daño, pero parece que estamos como al principio o peor, porque al ver que no obedecen y no pasa nada, los infractores se envalentonan, se pasan la legislación por le arco del triunfo, y los vecinos piensan que están haciendo el tonto al no adoptar la misma táctica.

Si un edificio de seis alturas y 65 viviendas en un pueblo como Carataunas que tiene censados 200 personas y 81 viviendas familiares, no se trata como delito urbanístico, ya que supone un impacto bestial y en desacuerdo en todo con lo recogido en la legislación vigente, estaremos poniendo los cimientos para la destrucción total de la Alpujarra – ya hay más promociones de chalés previstas en el mismo Carataunas- y que sigamos en la línea de la República bananera en la que se está convirtiendo este país.