Ecologistas en Acción de Ciudad Real considera un grave error la evaluación ambiental favorable al Reino de Don Quijote en Ciudad Real y responsabiliza a la Junta de Comunidades por favorecer una vez más un modelo de desarrollo urbanístico insostenible y al servicio de los especuladores.

Para esta asociación, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la Consejería de Medio Ambiente publicada el pasado 24 de octubre, que considera ambientalmente viable el proyecto ERDQ, es a la vez un grave error y un claro reflejo de que el Gobierno regional sigue estando más preocupado por favorecer a los constructores y especuladores que por velar por la protección del medio ambiente y de los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

El citado proyecto pretende construir una nueva ciudad de 8.908 viviendas (el 60% unifamiliares), casinos, hoteles y 3 campos de golf, a 7 km. del núcleo urbano de Ciudad Real, con la ocupación de 684,4 Has, en las orillas del cauce del Guadiana, actualmente seco, en la zona de entrada al embalse del Vicario. Esta zona está actualmente declarada como Área de Importancia para las Aves y Refugio de Fauna que forma parte del sistema de humedales de La Mancha, en el que se incluye el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, tal y como alegamos en su momento en las consultas previas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

La insostenibilidad ambiental del proyecto aparece recogida en la propia DIA, ya que en ella se reconoce textualmente que “ni siquiera con el aporte conjunto de agua el aporte de agua previsto por el promotor desde La Torre de Abraham y la tubería de la llanura manchega se alcanza el total del consumo previsto por el promotor,… por tanto no se iniciará la ejecución de la construcción del casino, campos de golf y urbanización mientras el Ayuntamiento de Ciudad Real no acredite disponibilidad suficiente de agua potable”. Por ello, desde Ecologistas en Acción entendemos que la resolución de dicha DIA debiera haber sido desfavorable al proyecto por sus efectos ambientales y por su falta de viabilidad, al no existir agua para el mismo, lo cual constituye a nuestro juicio una grave irregularidad por parte de la Dirección General de Evaluación Ambiental.

Asimismo, consideramos que la actuación de la Junta en este asunto no ampara los intereses generales ni la protección del medio ambiente, y es claramente contraria al modelo de desarrollo urbano sostenible ambientalmente que, en teoría, propugna el propio presidente Barreda, revelando una total incoherencia con respecto a lo indicado en el informe encargado por la propia Junta de Comunidades a expertos de la Universidad de Harvard sobre urbanismo y paisaje presentado hace tan sólo unos meses.