La Consejería de Medio Ambiente se rinde ante los intereses cinegéticos

La presentación en la última reunión del Comité de Caza, órgano consultivo adscrito al Consejo Andaluz de Biodiversidad, de un borrador de orden con el que se pretende justificar y regular las funciones y acreditación de los controladores de depredadores, constituye un hito verdaderamente negativo en la evolución de la legislación medioambiental y en la normativa cinegética en Andalucía. Su promulgación supondrá la claudicación definitiva ante la sinrazón que condena a una serie de especies animales, los predadores, por considerarlos competidores por la caza.

El sector cinegético ha conseguido, la redacción y aprobación de la orden finaliza un trabajo iniciado con la aprobación de la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestre en Andalucía, imponer su ley y sus intereses contra los predadores naturales. Una imposición que es el resultado de un proceso continuo de advertencia velada rozando la amenaza, en foros públicos, reuniones técnicas, así como en los pasillos de la sede de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, con el que se expresa de forma implícita, pero con toda claridad, la idea de que “o se permite legalmente eliminar depredadores utilizando ciertos medios prohibidos o se hará de forma ilegal con métodos más nocivos y contundentes”.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por su parte, ha sido incapaz de sustraerse a este chantaje y por medio de esta orden intenta encauzar esa actitud de auténtica fobia y avaricia que exige que las especies cinegéticas sean solo para los cazadores. Así, con el mismo, se pretende pasar por encima de la legislación vigente tanto nacional como comunitaria que establece un régimen de excepciones para el uso de métodos de captura no selectivos.

Ecologistas en Acción considera que su promulgación permitirá normalizar y convertir en general, habitual y permanente lo que la normativa actual solo contempla excepcionalmente y siempre que no haya otra alternativa. Se da, de este modo, cobertura legal a la práctica ya común de buscar subterfugios pseudolegales para saltarse la ley cuando sus preceptos no cuadran a un determinado interés.

Los titulares de la Consejería de Medio Ambiente son conscientes de que la predación es natural y necesaria, sabe que no existen desequilibrios poblacionales a favor de las especies predadoras que no puedan ser solucionados, salvo en casos muy excepcionales, con mejoras en la gestión medioambiental sin llegar al exterminio de los predadores. Saben que los medios de captura –jaula-trampa y lazos con tope- que contempla el borrador de orden actualmente en fase de estudio, no son selectivos y saben, por último, que el impacto que su uso liberalizado tendrá en el medio natural será sumamente negativo.

Pero, a pesar de todo ello, prefieren conceder una Orden en los términos que seguro se aprobarán, y lavarse las manos. Son conscientes, además, de que carece de medios para ejercer un control mínimo sobre la situación que va a producirse, pero prefiere mirar a otro lado.

Por eso no nos queda más que denunciar esta permanente actitud de cobarde resignación, cuando no de connivencia y de complicidad que antepone el interés de unos pocos al de la mayoría, el interés egoísta y avaro del sector cinegético por encima de la conservación del patrimonio natural de todos los ciudadanos.




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