Inicio · Defensoras a riesgo de su vida

“Todo lo que está ocurriendo en Brasil está manchado con sangre indígena. Los países del primer mundo tienen sangre indígena en sus manos porque son lo que están comprando y financiando a estas empresas”. Es el testimonio de una lideresa indígena recogido en la denuncia de Ecologistas en Acción y Rainforest Foundation Norway a través de la campaña #AparcaLaSoja.

Tras su victoria electoral en 2018, sin siquiera asumir el cargo, Jair Bolsonaro ya anunció medidas para retirar la protección a los territorios indígenas apoyadas por el lobby agropecuario en el Congreso. Las simples perspectivas de desprotección de los territorios indígenas impulsan aún más la ocupación de tierras y la especulación con ellas.

El informe “Violencia contra los Pueblos Indígenas de Brasil” de 2019, publicado anualmente por el Conselho Indigenista Missionários (CIMI), ha confirmado una realidad extremamente preocupante para los pueblos indígenas durante el primer año de Jair Bolsonaro en la presidencia del país. Se han intensificado las expropiaciones de tierras indígenas a través de la invasión y la ocupación ilegal en todo el territorio nacional (los 109 casos registrados en 2018 subieron a 256 casos en 2019; un aumento de 134,9 %), causando un enorme daño irreparable.

El Consejo Indigenista Misionero ha registrado 1.120 casos de violencia contra el patrimonio de los pueblos indígenas en 2019 que afectaron a 143 aldeas. 113 indígenas fueron asesinados, además de producirse múltiples amenazas de muerte, intentos de asesinato y casos de violencia sexual.

Una investigación realizada por Global Forest Watch y Reporter Brasil muestra que 724 tierras indígenas fueron devastadas por más de 115.000 incendios intencionados en 2020.

En la zona sur del Estado de Pará, uno de los límites de la selva amazónica, los ganaderos expanden desde hace años su presencia, ocupando terrenos públicos y arrebatando territorios a comunidades tradicionales y pueblos indígenas. Hoy en día es una de las áreas más deforestadas del Amazonas, ya convertida casi por completo en pastos. Con el nuevo gobierno, las perspectivas de que se legalicen las tierras usurpadas multiplicaron por cuatro su precio entre 2018 y 2019, pasando de 53 a 212 dólares por hectárea, lo cual ha generado una violencia creciente provocada por los acaparadores de tierra.

Pará es el estado donde hay más muertes por conflictos en el campo, y coincide con ser el segundo estado más afectado por los incendios de 2019. En las últimas décadas, más de mil personas murieron como consecuencia de conflictos por la tierra en el campo paraense. Esa región también concentra el mayor número de matanzas en todo el país. De 1985 a 2019 se han producido 49 matanzas, con 229 víctimas.

La extensión de tierras en conflicto viene aumentando exponencialmente desde 2015, según la Comisión Pastoral de la Tierra. El informe anual de la entidad señala que en 2018 el número de hectáreas involucradas llegó a 39,4 millones, lo que representa un 4,6 % del territorio nacional en disputa. Y la Amazonía Legal, que engloba nueve estados de Brasil, registra el 97,7 % de las áreas en conflicto en el país.

«Él sabía que podía pagar con su vida, pero no veía otra opción, porque las autoridades no hacían nada«. Son palabras de Sarah Shenker, de la ONG Survival International, refiriéndose a Paulo Paulino Guajajara. Era miembro de Los Guardianes del Bosque, un grupo de cerca de 130 indígenas de la reserva de Araribóia, en Maranhao, uno de los nueve estados que componen la Amazonía brasileña. Ante la inacción del Estado, líderes indígenas habían decidido crear el grupo de Guardianes en 2012 para proteger la reserva de las invasiones ilegales de traficantes de tierras y madereros.

El líder indígena estaba dedicado en cuerpo y alma a defender la Amazonía. En la gira europea “Sangre indígena: ni una gota más” de 2019 se reunió con parlamentarios en Bélgica y otros países para exhortarlos a no ratificar el Tratado de Libre Comercio acordado en junio entre la Unión Europea y el Mercosur, el bloque comercial donde se integra Brasil. «Ratificar este acuerdo sería hacer la vista gorda a lo que está sucediendo en Brasil. Sería institucionalizar el genocidio», declaró. Pero la vida de Paulo Paulino Guajajara acabó brutalmente el 1 de noviembre de 2019 cuando sufrió una emboscada por parte de madereros ilegales y fue asesinado de un disparo en el rostro.

“Los monocultivos, principalmente de soja y maíz, constituyen un desafío para la supervivencia de los indígenas guaraní kaiowá de Brasil”, “Guaraní, el pueblo que muere sin sus tierras”, “El silenciado genocidio de los guaraníes: la pérdida de las tierras de la etnia kaiowá en Brasil desencadena una oleada de suicidios”. Titulares como estos describen el inhumano trato que se da al pueblo indígena más numeroso de Brasil.

Aunque su presencia se extiende por varios países, el pueblo guaraní tiene su mayor presencia en el estado de Mato Grosso do Sul, uno de los de mayor índice de concentración de tierras en Brasil. Con datos de 2017, si fuese un país se trataría del séptimo productor de soja del mundo.

El continuo saqueo de sus tierras indígenas ancestrales por parte de las grandes fincas suministradoras de la agroindustria lleva a poblaciones enteras a malvivir en los arcenes de las carreteras por las que circulan las caravanas de camiones de soja camino de los cargueros hacia Europa. A consecuencia de todo ello, muchos guaraníes, no solo ancianos sino también personas cada vez más jóvenes, no encuentran otra salida que el suicidio.

La plataforma CACI (caci significa “dolor” en lengua guaraní y también representa las siglas de Cartografia de Ataques Contra Indígenas) es un mapa digital que reúne las informaciones sobre los asesinatos de indígenas en Brasil. Con la inclusión de los datos de 2019, la Plataforma recoge información georreferenciada sobre 1.191 asesinatos de indígenas, según datos compilados desde 1985.

Tan solo seis grandes empresas concentran el 50 % de las exportaciones de soja de Brasil (Archer Daniels Midland (ADM), Amaggi, Bunge, Cargill, COFCO International (COFCO) y Louis Dreyfus Company (LDC). Según el informe publicado por Mighty Earth en noviembre de 2020, ninguna de las principales empresas que comercializan la soja ha implantado con éxito cadenas de suministro con deforestación cero o conversión cero, lo que continúa contribuyendo al creciente cambio de uso de las tierras en Brasil. Los productores de soja, los ganaderos y los intereses ilegales de la explotación maderera han utilizado con frecuencia la violencia para desplazar a las comunidades indígenas.

Paraguay es el quinto mayor exportador de soja del mundo. El 80 % de su suelo cultivable está sembrado de soja. Ese dato resulta especialmente grave para un país donde el 2 % de la población concentra el 85 % de las tierras, según datos de Intermón Oxfam. Un millón de campesinos se han visto obligados en los últimos años a dejar las tierras donde vivían tradicionalmente y emigrar a los suburbios de la capital, Asunción.

La expansión de la soja y la falta de acceso a la tierra dan lugar a numerosos conflictos, con un saldo de miles de campesinos y campesinas encarceladas y al menos 115 asesinados o desaparecidos en los últimos años. Exigir su derecho a la tierra puede costarle la vida a la población campesina. En 2012, tras un desalojo ordenado por una empresa sojera, 17 personas murieron en la masacre de Curuguaty en una emboscada perpetrada por fuerzas policiales.

En el Enviromental Justice Atlas podemos ubicar algunos de los principales conflictos derivados de la resistencia local a los nocivos efectos de la agroindustria, así como las infinitas extensiones de cultivos de soja que han liquidado y sustituido paulatinamente a los hábitats naturales.

Argentina es el país donde más población está expuesta a las fumigaciones con productos agroquímicos. Ya en 2013 el sobrecogedor reportaje “Argentina, la tierra de los niños envenados» mostraba cómo cientos de niños desarrollaban tremendas malformaciones, leucemias y tumores, daños que en muchos casos terminaban causando su fallecimiento.

Respecto a la situación de los pueblos indígenas, un informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2016 denunciaba el fuerte proceso de deforestación de los bosques secos de la región de El Chaco argentino, que ocupan un 22 % de la superficie continental de Argentina, con la habilitación de nuevas tierras para monocultivos como la soja.

Según el informe, la alta rentabilidad de los cultivos agrícolas, especialmente la soja, provocó un incremento en el precio de la tierra en las principales provincias donde se concentra el agronegocio —la Pampa—, lo cual ha desplazado la presión hacia otras tierras como la región de El Chaco. Se trata precisamente de territorios ancestrales de numerosos pueblos indígenas, como el pueblo Wichí, Iyojwaja (Chorote), Nivaklé (Chulupí), Qom (Toba), Moqoit (Mocoví), que se suman a los numerosos pueblos que habitan la región en Paraguay y Bolivia.

El informe reitera las mismas reclamaciones que se repiten en otros países devastados por la expansión de la soja:

1. Arbitrar los medios necesarios para garantizar la seguridad de los pueblos indígenas que sufren amenazas, persecuciones, violencia y desalojos. Específicamente, se trata de prevenir actos violentos contra los miembros de comunidades indígenas tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares.
2. Establecer legalmente procedimientos de demarcación y titulación de tierras indígenas, de acuerdo con los estándares internacionales vigentes.
3. Garantizar que las comunidades indígenas y sus integrantes puedan acceder efectivamente a la justicia.