Inicio · Soja (ir)responsable

Los monocultivos de soja y cereales para la ganadería industrial y la fabricación de agrocombustibles, o los de palma aceitera, están entre los principales responsables de la deforestación y pérdida de biodiversidad a nivel mundial.

Por este motivo, las autoridades de la UE han incluido en algunas de sus últimas estrategias la necesidad de eliminar la comercialización de productos asociados con la deforestación o degradación forestal en las cadenas de suministro de la industria europea.

Más allá de las voluntades que declaran dichas estrategias, la normativa europea (y española) carece de medidas y plazos concretos que materialicen dichos compromisos. En 2021 se espera una evaluación de impacto para evitar o minimizar la comercialización en la UE de productos asociados con la deforestación, sin estar claro aún su alcance ni qué medidas serán obligaciones legislativas frente a otras voluntarias.      

Mientras tanto, la Unión Europea importó 34 millones de toneladas de soja en 2018, procediendo 22 millones de Brasil, Argentina y Paraguay, donde se sitúan algunas de las regiones con mayor riesgo de deforestación del mundo, como el Cerrado, el Gran Chaco o el Bosque Atlántico paraguayo. En ese año, a España llegaron más de 5,5 millones de toneladas de soja (incluyendo habas, harina y aceite), de la mano de los dos gigantes del comercio de granos: las multinacionales Bunge y Cargill. 

Además, los monocultivos de soja, en su mayoría transgénica tolerante al glifosato y otros herbicidas, han sido ampliamente denunciados por impactos a la salud y los derechos de comunidades campesinas. También se han relacionado con el creciente desarrollo de enfermedades zoonóticas y el riesgo de pandemias derivadas de estas.

Importaciones de soja al Estado español en 2018; 1.000 toneladas (Beans: habas; Oil: aceite; Meal: harina/torta). Fuente: Eurostat (tomado de The Sustainable Trade Initiative, 2020).

Cada vez más compañías privadas del sector agroalimentario se comprometen a eliminar materias primas vinculadas con la deforestación. Pero estos compromisos tienen un impacto muy limitado en la reducción de la deforestación y otros problemas asociados.

Simultáneamente, han proliferado esquemas de certificación voluntarios de soja      responsable o sostenible (así como palma, cacao, etc.). Pero no hay una definición aceptada internacionalmente, por lo que cada certificación establece sus criterios. Estos esquemas voluntarios han recibido fuertes críticas por la ausencia de garantías de cumplimiento y su bajísima incidencia en los flujos globales comerciales, a pesar de lo cual logran un impacto comunicativo que invisibiliza la problemática (greenwashing).

La industria de los piensos actualmente centra buena parte de su actividad pública en desvincular sus materias primas de la deforestación. FEFAC, la Federación Europea de Fabricantes de Piensos (a la que pertenece la española CESFAC), publicó en 2015 su documento de Directrices para el Abastecimiento de Soja, que establece 59 criterios sociales y ambientales de referencia, acompañados de requisitos de verificación.

Pero dichas directrices ofrecen muy pocas garantías. El Comité Holandés de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera como libres de deforestación únicamente a 5 de los 19 esquemas reconocidos por FEFAC, quedando fuera, entre otras, las certificaciones propias de las multinacionales que dominan el comercio internacional de granos. Dicho Comité alerta de que más de la mitad de los sellos reconocidos por FEFAC certifican la soja procedente de terrenos deforestados legalmente. Con más de 110 millones de hectáreas que pueden ser deforestadas «legalmente» solo en Brasil, Argentina y Paraguay (lo que equivale a la superficie de España y Francia), dicho criterio resulta claramente insuficiente para la protección del clima y de la biodiversidad.

Fuente WWF

La mayoría de la soja certificada como responsable, sostenible o desvinculada de la deforestación no ofrece ninguna garantía efectiva de proceder de terrenos no deforestados recientemente. Habitualmente, el comprador de la soja paga unos créditos que se destinan a ayudar a los agricultores que producen soja según los criterios del sello correspondiente. Pero la soja que recibe el comprador probablemente haya sido producida sin seguir dichos criterios.

Existe un segundo nivel de certificación, denominado «balance de masas»: la soja procede de proveedores que cultivan al menos una parte de su cosecha siguiendo los criterios de la certificación, y esta soja se mezcla con soja «convencional».

El tercer y más ambicioso nivel de protección lo ofrece la soja procedente de fuentes certificadas, que la mantiene separada de las no certificadas desde la cosecha y a lo largo de toda la cadena de suministro. Su uso es anecdótico.

El mercado de soja certificada está dominado por las certificaciones basadas en créditos. En ausencia de cifras globales, en la Mesa Redonda sobre Soja Responsable (RTRS) el 86 % de los 3,95 millones de toneladas certificadas en 2019 seguía esta modalidad, mientras que únicamente un 14 % siguió el balance de masas.

Otras críticas a la soja certificada por la RTRS se centran en su ineficacia a la hora de producir beneficios en la sostenibilidad de las plantaciones o mejoras en los métodos productivos. Evaluaciones externas no han encontrado evidencias de mejoras relativas a deforestación, uso de plaguicidas o impactos a las comunidades cercanas a las plantaciones. Así, la RTRS acepta la soja de cultivos transgénicos tolerantes a diferentes herbicidas a pesar de sus impactos, e incluso la considera buena para el clima y la conservación de suelos y aguas.

De acuerdo con el último European Soy Monitor, el 38 % de las 36,9 millones de toneladas de soja consumida en Europa en 2018 cumplía las directrices FEFAC, mientras que solo el 19 % no estaba vinculada a deforestación. En el caso de España, las cifras son inferiores: el 36 % cumpliría con las directrices, pero se trata de soja transgénica tolerante a herbicidas importada desde EEUU; solo el 1,5 % de soja sería «libre de deforestación», aunque sin ninguna certificación que lo respalde.

Más allá de la cuestionable consideración de esa soja como sostenible o «libre de deforestación», los porcentajes indicados son en realidad menores si se considera toda la soja consumida por la ganadería industrial española, pues en su cálculo se ha excluido la soja utilizada para producir las carnes, lácteos, animales vivos, etc. exportados, cada vez más importantes en la ganadería industrial española. Estiman esa “soja exportada” en 900.000 toneladas de harina.

Según múltiples evidencias, la certificación voluntaria de soja es una herramienta completamente fallida para lograr un suministro desvinculado de la deforestación, crisis climática y otros impactos socioambientales. Cumplir con los compromisos comunitarios en materia de alimentación, biodiversidad o lucha contra la crisis climática solo puede pasar por:

1- Una apuesta firme por la producción y consumo de productos de ganaderías extensivas de base agroecológica, que reduzca progresivamente las importaciones de soja y cereales para alimentación animal. Simplemente, no existen alternativas sostenibles a la soja que permitan mantener el mismo modelo productivo.

2- Una drástica reducción en los consumos de alimentos de origen animal, siguiendo las recomendaciones sanitarias y los criterios de prudencia ecológica.

3- Desarrollar medidas legislativas y reglamentarias que responsabilicen a las empresas de sus impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, obligándolas a la prevención, a realizar un análisis integral de riesgos de la cadena de suministro y a implementar medidas adecuadas de manera efectiva. Este planteamiento, conocido como diligencia debida, tiene una primera concreción en una ley francesa de 2017, y existe un proyecto normativo en Reino Unido orientado a prohibir el uso de materias primas procedentes de terrenos deforestados ilegalmente. Evaluación pública, regímenes sancionadores claros y la existencia de canales para la denuncia de incumplimientos son tres requisitos indispensables para que la aplicación de la diligencia debida sea eficaz en la protección de la biodiversidad, el clima o los derechos humanos, a diferencia del lamentable resultado de las certificaciones voluntarias.