Línea de Alta Tensión Soto de Ribera-Penagos-Gueñes/Itxaso

La Asociación Cántabra de Afectados por la Alta Tensión (A.C.A.A.T.) exige la total anulación del expediente administrativo con relación a la autorización y la declaración de utilidad pública de la línea a 400 kV Soto de Ribera-Penagos-Gueñes/Itxaso y la demolición de la totalidad de las obras hasta hoy ejecutadas así como la inmediata paralizacion de la linea Aguayo-Penagos/Garoña.

El Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Angel Pesquera afirmó ante el Pleno del Parlamento de Cantabria celebrado el 14 de marzo, que el Gobierno de Cantabria “no ha previsto proponer ningún trazado” nuevo para la línea de alta tensión Soto Ribera-Penagos-Gueñes, ya que se trata de un proyecto “definido” y que “está a punto de ser una realidad”. También señaló que se trata de una infraestructura “básica” para el desarrollo de “otras alternativas” energéticas, por lo que la línea es “crítica” y “urgente” y que la línea Soto-Penagos esta “legalizada”, a excepción de ocho variantes “de las que solo dos son de Cantabria”, por lo que este proyecto está a punto de culminarse.

Sin embargo, en agosto de 1996, la Administración española, a solicitud del Gobierno Vasco, había ordenado paralizar la línea Penagos-Güeñes/Itxaso, por no haberse realizado el obligatorio estudio de impacto ambiental.

Dos sentencias del Tribunal Supremo, del año 2002, han establecido que son nulos los Acuerdos del Consejo de Ministros que declaraban la utilidad pública del trazado definitivo la línea a 400 kV Soto de Ribera-Penagos y la ampliación de la Subestación de Penagos.

A pesar de ello, Red Eléctrica y el Abogado del Estado, alegaron indefensión y promovieron sendos incidentes de nulidad contra dichas sentencias, lo cual fue desestimado por Auto de 10 julio 2002, del TS, que afirmaba que, por imperativo de la Directiva Europea 97/11/CE, la declaración de utilidad publica y petición de autorización de obras (incluso las anteriores a 1999) “habrá de realizarse de acuerdo con criterios medioambientales, como, por ejemplo, los definidos en el Anexo III de la Ley 6/2001 de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto-legislativo 1302/1986”.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con relación, entre otros extremos, a las quejas de ACAAT por el ilegal comportamiento de la Administración española y las empresas eléctricas en la tramitación de la línea a 400 kV Soto de Ribera-Penagos), declaraba que “el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben, en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente”.

Apoyándose en la sentencia de 2002 sobre la línea Soto Ribera-Penagos, una nueva sentencia del TS, de 20 de septiembre de 2004, declara la nulidad de la autorización concedida a la línea denominada Aguayo/Penagos-Garoña, a 400/220 kV y ordena retrotraer las actuaciones “al momento en que debió elaborarse el informe de evaluación de impacto ambiental”.

Red Eléctrica y la Administración lo han ocultado desde hace seis meses y la línea a 400/220 kV que une la estratégica subestación de Aguayo, en el municipio de Molledo-Portolín, con la línea Penagos-Garroña, a 400 kV, está funcionando en este momento, perjudicando a los afectados, de forma ilegal.

Teniendo en cuenta esta situación la Junta Directiva de ACAAT ha realizado las siguientes declaraciones:

“Somos conscientes de lo que significa la energía eléctrica en nuestra sociedad. La usamos y, por ello, la pagamos. Pero también tenemos información y criterio propio acerca de los efectos de la proximidad a las líneas de alta tensión y, por ello, no nos gustan las leyes que actualmente regulan su implantación en España y, tras acatarlas, intentamos cambiarlas. Menos nos gusta aun que, como ocurre en nuestro territorio, quienes las han hecho y deben velar por su cumplimiento, las incumplan.

Los Tribunales de Justicia exigen la realización de estudios de impacto ambiental para la implantación de las líneas de transporte de energía eléctrica de alta tensión. No se trata de meros legalismos sin relevancia práctica, intrascendentes para la vida de los afectados. Del cumplimiento o incumplimiento de esas normas dependen nuestra seguridad, nuestra calidad de vida, nuestra economía y, más que probablemente, nuestra salud.

Las leyes europeas y españolas impiden el trazado, como hasta ahora, de las líneas de alta tensión por el camino más corto y al precio de los pocos miles de pesetas (decenas de euros) que se venían pagando a los atemorizados afectados.

Ni el Tribunal Supremo, ni nosotros somos responsables, como dicen Red Eléctrica y la Administración, de los apagones, ni del deterioro industrial, ni de su falta de previsión para dotarnos de infraestructuras necesarias que garanticen un suministro adecuado. Mucho menos de su reiteración en el incumplimiento de la ley y la violación de los más elementales derechos de los vecinos.

Hace tres años, Red Eléctrica y la administración autonómica hablaban de enormes perjuicios económicos, de gravísimos peligros de desindustrialización, de insularidad eléctrica. José Folgado, Secretario de Estado de Economía y Energía, llegó a decir en abril del pasado año, que “su departamento ha dado prioridad absoluta a este asunto y, en la actualidad, tanto abogados como técnicos estudian la sentencia del Supremo y las soluciones que permitan agilizar la reanudación del proyecto”. Red Eléctrica sigue afirmando que “mantendrá el actual trazado de la línea Soto-Penagos”.

Han cambiado los Gobiernos y no son capaces de conseguir ejecutar el proyecto. Solo verbalmente, en sede parlamentaria, el Consejero de Industria, Miguel Ángel Pesquera ha conseguido resolver el problema. Y es falso. Estamos peor que en aquel momento. ¿Dónde están aquellos perjuicios y peligros? ¿De quien es la responsabilidad de su prolongación en el tiempo? ¿Tan importantes eran los artificios legales de los enemigos del progreso? ¿Qué esperan para dimitir los responsables de no dar solución al problema?

Y todo ello pese a que, hace tres años, haya tenido que iniciarse nuevamente la tramitación del expediente de implantación de la línea Soto de Ribera-Penagos-Gueñes. Pensábamos que se haría con todas las garantías legales, con luz y taquígrafos, con participación las instituciones y vecinos afectados, para establecer los trazados más adecuados, sus servidumbres y los costes reales de la línea. Han pasado tres años, no se ha avanzado nada y no está siendo así, ya que:

- lo que se esta haciendo no es un estudio de los impactos, sino un simulacro para legalizar lo ilegalmente ejecutado

- se pretende mantener exactamente el mismo trazado declarado ilegal por sentencia firme del TS,

- no se habla de repercusiones económicas,

- no se habla de servidumbres para telecomunicaciones.

El Consejero de Industria, Miguel Angel Pesquera, oculta hechos y tergiversa la verdad, ya que:

- no es cierto que, por abarcar varias comunidades, el Gobierno autonómico no pueda incidir en el proyecto. Al contrario que ellos, defendiendo a sus ciudadanos y en perjuicio nuestro, el Gobierno Vasco lo ha hecho,

- tampoco es cierto que la línea Soto-Penagos este “legalizada”, a excepción de ocho variantes “de las que solo dos son de Cantabria”, ya que la ley y el TS exigen con reiteración el estudio de los impactos de todo el proyecto,

- mantiene oculta la Sentencia del TS de 20 de setiembre de 2004 que anula la línea a 400/220 kV, denominada “Aguayo-Penagos/Garoña”.

El Consejero de Medio Ambiente, José Ortega, calla y otorga

ACAAT, acudirá a los Organismos y Tribunales europeos e iniciará de forma inmediata los trámites para exigir:

1. La total anulación del expediente administrativo tramitado con relación a la autorización y la declaración de utilidad publica de la línea a 400 kV Soto de Ribera-Penagos-Gueñes/Itxaso, retrotrayendo las actuaciones al inicio del mismo, con integro cumplimiento de la normativa europea.

2. La inmediata incoación de otro expediente administrativo con el fin de establecer la procedencia, la forma y los plazos para la demolición de la totalidad de las obras hasta hoy ejecutadas.

3. La inmediata incoación de otro expediente para establecer las responsabilidades por la actuación de la Administración, con fijación de los daños y perjuicios ocasionados a entidades y particulares (entre ellos los derivados del retraso en la implantación de la línea), y el pago de las indemnizaciones correspondientes.

4. La inmediata paralizacion de la linea Aguayo-Penagos/Garoña’

5. La apertura de un debate público entre Administración, empresas eléctricas, expertos y afectados, sobre la implantación de la línea Soto Ribera-Penagos-Gueñes/Itxaso.

6. Responsabilidades políticas en la Administración Regional, entre las que de forma expresa, señalamos las inmediatas dimisiones de los Consejeros de Industria, Miguel Ángel Pesquera, y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Ortega, por la indefensión en que tienen a los afectados por el trazado de las líneas de alta tensión.”




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