Eliminan la participación pública en materia ambiental de la Comunidad de Madrid

Las asociaciones abajo firmantes [1] acusan al Gobierno de Aguirre de estar engañando a los madrileños. Entre los órganos colegiados que se propone eliminar en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, para ahorrar gastos, se encuentran todos los órganos consultivos y de participación social de la Consejería de Medio Ambiente, a pesar de que no tienen coste alguno. El único objeto de esta decisión es eliminar el escaso control que la sociedad puede ejercer sobre la política ambiental en la Comunidad de Madrid. Las asociaciones denunciarán este nuevo ataque a la transparencia de la política ambiental y participación social ante el Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo.

El anteproyecto de la ley de Medidas Fiscales y Administrativas, más conocida como Ley de acompañamiento de los presupuestos, plantea la eliminación de todos los órganos consultivos de los espacios protegidos, de la red de vías pecuarias y de caza y pesca  [2] de la Comunidad de Madrid. Todo ello con la excusa de ahorrar gastos. Sin embargo ninguno de estos órganos tiene coste alguno.

Todos estos órganos se fueron creando en la década de los años ochenta y noventa con el objeto de permitir la participación de la sociedad en la toma de decisiones en materia ambiental. Son órganos consultivos formados por asociaciones ecologistas, sindicatos, consumidores, científicos, agricultores, ganaderos, cuya función es asesorar e informar en materia ambiental a la Consejería de Medio Ambiente. Todos ellos están creados por las leyes respectivas de los espacios protegidos, de vías pecuarias o por decreto como es el caso de los Consejos de Caza y Pesca. En toda esta normativa se recoge la gratuidad de los mismos y la ausencia de retribuciones a sus miembros. Son órganos que carecen de sede y sólo se reúnen, cuando son convocados, en dependencias de la Consejería de Medio Ambiente.

Por tanto, lo que se pretende mediante el anteproyecto de Ley es cercenar la única vía de participación y de acceso a información, proyectos y actividades que permiten, a estos colectivos, y que de otra forma resulta imposible conseguir.

Durante la primera legislatura de Aguirre, prácticamente ninguno de estos órganos fue convocado. Ante las críticas de las asociaciones ecologistas y las preguntas del partido socialista en la Asamblea de Madrid, en 2008, se reiniciaron las reuniones pero dificultando enormemente el acceso a la documentación de las asociaciones ecologistas.

Ahora, con la eliminación de todos los órganos consultivos, desaparece la participación pública en la gestión de los espacios protegidos madrileños, vías pecuarias, etc y, por tanto, la poca capacidad de presión y control que se les permite ejercer a los colectivos ecologistas en la administración regional. Por ejemplo, una de las cuestiones más polémicas son las autorizaciones para construcciones, y actividades en suelo protegido. Ahora será imposible acceder a esa información, dado que no se someten a ningún procedimiento de información pública.

Las organizaciones firmantes califican esta medida de injustificada e intolerable. “Se trata de una vuelta de rosca más hacia la política del silencio y la opacidad que caracteriza al Gobierno de Aguirre”. “Es una patada a los derechos de participación de los ciudadanos, en materia ambiental, recogida en la normativa de la Unión Europea y el Convenio de Aarhus”. Por ello, de aprobarse la eliminación de estos órganos consultivos, estos colectivos denunciarán el hecho ante el Defensor del Pueblo y el Parlamento Europeo.




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