La Comisión Europea privatiza agua con dinero de ayuda al desarrollo

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Ecologistas en Acción, junto a una amplia coalición de organizaciones, solicita a la Comisión Europea que cambie su política en materia de ayuda al desarrollo, dejando de promover procesos de privatización de los servicios de agua y saneamiento en los países del Sur.

Ecologistas en Acción, junto a un gran número de organizaciones de diferentes países, todas ellas críticas con la política de agua de la Comisión Europea, se han unido para denunciar la política de promoción de la privatización de los servicios de agua del ejecutivo comunitario, y para reclamar una atención internacional urgente sobre el problema global de la crisis del agua.

A modo de precalentamiento ante la próxima celebración del Día Mundial del Agua [1], 45 organizaciones de la sociedad civil [2] de todo el planeta han publicado una carta en el semanario europeo European Voice denunciando esta situación.

La coalición solicita a la Comisión Europea que deje de destinar dinero de ayuda al desarrollo para promocionar la implicación del sector privado en los servicios de agua y saneamiento en países empobrecidos, y que renuncie a solicitar la inclusión de los servicios de agua en las negociaciones de comercio internacional.

Ecologistas en Acción y el resto de organizaciones solicitan una mayor inversión pública en el sector de agua y saneamiento, dando apoyo a los operadores públicos en los países del Sur a través de colaboraciones entre organismos públicos, conocidas como PUPs por sus siglas en inglés (Public-Public Partnerships), basadas en compartir la experiencia y buenas practicas acumuladas en operadores principalmente -pero también en comunidades y ONGs- que diariamente proporcionan dichos servicios a millones de personas de escasos recursos.

Se acaba el tiempo para que los donantes de ayuda al desarrollo, como la Comisión Europea, se impliquen seriamente en la crisis humanitaria y ecológica del agua, que deja a mil millones de personas sin acceso a este recurso. Los procesos de privatización han fracasado a la hora de garantizar servicios accesibles de agua potable en los países de la periferia. Es necesario que el acceso al agua se convierta en un derecho humano, para que este derecho empiece a convertirse en una realidad sobre el terreno.




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