En solidaridad con los miembros de Vía Campesina

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La organización ecologista manifiesta su apoyo a las más de 2000 campesinas que el 8 de marzo de 2006, con ocasión del Día Internacional de la Mujer y coincidiendo con la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural de la FAO en Porto Alegre (Brasil), entraron en las instalaciones de la multinacional Aracruz Celulosa, en el Estado brasileño de Río Grande do Sul.

En esta acción, las mujeres brasileñas del MST y de la Vía Campesina (la red internacional más amplia de organizaciones campesinas) ocuparon una finca de viveros de eucaliptos. Según la policía se destruyeron un millón de plantas de eucaliptos y pinos, y el laboratorio de semillas genéticamene modificadas (transgénicas). Las campesinas denunciaban los daños sociales y medioambientales de los monocultivos, las plantas modificadas genéticamente y los agroquímicos de las compañías multinacionales que están siendo utilizados en la producción de madera para celulosa de papel.

Como respuesta a esta acción pacífica se ha abierto un proceso judicial, promovido por la empresa Aracruz, en el que hay encausadas treinta campesinas del Movimiento Sin Tierra y del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, además de dirigentes de la Vía Campesina que apoyaron la acción, entre ellos Paul Nicholson, campesino del País Vasco y representante de Europa en la Comisión Coordinadora Internacional.

Para Paul Nicholson se pide una pena de prisión de hasta 30 años, bajo las acusaciones de arrancar plantas y ocupar un laboratorio de investigación biotecnológica, violación de propiedad privada, destrucción de plantas y de un laboratorio, secuestro, espionaje industrial, robo, formación de banda armada o asociación ilícita, ocultación de bienes, y lavado de dinero. Acusaciones totalmente infundadas.

En Río Grande do Sul hay cerca de 360.000 hectáreas plantadas con monocultivos de madera para celulosa por tres empresas, entre ellas Aracruz. Estos ‘desiertos verdes’ son enormes plantaciones de eucaliptos, acacias y pinos, que cubren millares de hectáreas en Brasil y en todo América Latina, obligando a las poblaciones indígenas y campesinas a abandonar la tierra. Las grandes extensiones de eucalipto desgastan el suelo y consumen mucha agua, un recurso escaso: cada árbol es capaz de consumir 30 litros por día. Allí donde avanza este desierto se pierde la biodiversidad, se deterioran los suelos, se secan los ríos, y se genera una elevada contaminación por las fábricas de celulosa.

La empresa Aracruz tiene plantadas 261.000 hectáreas en tres Estados. En 2003 obtuvo unas ganancias de 300 millones de dólares y, sin embargo, genera un solo empleo por cada 185 hectáreas plantadas. Se tiene la certeza de que la empresa Aracruz celulosa trabaja la ingeniería genética (transgénica) en sus laboratorios lo que hace sospechar de su utilización en los monocultivos. Además hay que señalar que el Ministerio Público Federal del estado Espirito Santo abrió un proceso contra la empresa por hacer publicidad difamatoria contra pueblos indígenas que reivindican las tierras ocupadas por la multinacional, aquellas que les fueron arrebatadas.

Todo indica que la empresa, apoyada con dinero público del Gobierno de Brasil, intenta dar un gran escarmiento y criminalizar al movimiento campesino que se opone a sus actuaciones masivas de ocupación de tierras y plantación de monocultivos forestales.

Sin embargo, la problemática generada por multinacionales de celulosa se extiende a otros países, tales como India, Chile, Ecuador, etc. o como es el caso de la multinacional española Ence en Galicia y en Uruguay, donde, por ejemplo, a través de su filial de la división forestal EUFORES gestiona más de 120.000 hectáreas de monocultivos de eucaliptos. Ence ha provocado problemas en la gestión del agua y del suelo, la pérdida de flora y fauna, la contaminación por el uso de agroquímicos, desempleo y deterioro en la calidad de empleo, así como impactos sobre otras actividades agricolas. Ence es además subsidiada por el gobierno de Uruguay: tiene exoneraciones impositivas para la importación de maquinaria, recibe un reintegro parcial del 50% del costo fijo de plantación si al año plantado el cultivo forestal alcanzaba el 75% del rendimiento, préstamos a reducido interés, y los diferentes y sucesivos gobiernos han realizado cuantiosas inversiones en infraestructuras. El costo para el Gobierno de Uruguay, de estos beneficios otorgados a las empresas forestales que actúan allí, ascendió aproximadamente a $-US 450 millones (entre 1990 y 2004).

ENCE además de utilizar los beneficios fiscales y las subvenciones otorgadas por el gobierno uruguayo mediante recursos públicos también
se ha visto beneficiada de la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) -contrato garantizado por Caja de Madrid, Bankinter y el Banco Exterior-, y el Instituto de Crédito oficial (ICO), otra entidad pública, esta vez plenamente española que invierte en un modelo forestal insostenible pero beneficia ampliamente a las empresas privadas inversoras.

Ecologistas en Acción considera la acción pacífica del 8 de marzo en Brasil como legítima, y las imputaciones como un intento de criminalización contra las organizaciones campesinas e indígenas, estimando que las penas solicitadas son injustificadas ya las acusaciones no se sostienen. Y lo que reivindican las organizaciones como Vía Campesina es un uso social y medio ambiental justo de la tierra, así como el respeto al derecho de los campesinos y campesinas del mundo a trabajar a favor de la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra y por un mundo rural vivo.




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