Los incendios forestales en el Estado español

Los incendios forestales se han convertido en las últimas décadas en uno de los problemas ambientales más importantes del Estado español, y en los próximos años pueden verse agravados por los efectos del cambio climático. A escala mundial, los incendios forestales intencionados para cambiar el uso del suelo, e implantar monocultivos agroindustriales como la soja y la palma aceitera, amenazan con la
desaparición del último 20% de los bosques vírgenes del planeta. Con ellos desaparecerá una biodiversidad irrecuperable.

Evolución del número de incendios y superficie quemada

Desde 1961, fecha en la que se inicia la serie anual de datos, el número de incendios se ha incrementado muy significativamente, pasando de una media de 9.515 incendios al año en la década de los años ochenta a 18.141 en los años noventa, y alcanzando ya una media de 20.779 incendios en los seis primeros años de la actual década (gráficos 1 y 4). De estos datos se desprende que no se están haciendo los esfuerzos necesarios en prevención, sensibilización y educación de la sociedad para disuadirla de provocar
incendios forestales. Igualmente, demuestra que las medidas punitivas no están siendo
todo lo eficaces que deberían.

En cuanto a la superficie quemada, la evolución es más irregular y sufre constantes
altibajos, vinculados generalmente a la climatología. A pesar de ello, y tras un incremento espectacular en la década de los años ochenta y primera mitad de los noventa, seguidamente registró una disminución en la superficie afectada. Sin embargo, a partir del año 2000 se observa una tendencia al alza en la superficie quemada, siempre sin llegar a las cifras de décadas pasadas. Concretamente se ha pasado de 244.788 hectáreas quemadas al año en el periodo 1980/1989, y 159.925 ha/año en el periodo 1990-1999, a 142.077 ha/año en el periodo 2000/2006 (gráfico 2 y 3).
En este último período, la superficie quemada asciende a 994.539 ha., lo que supone el
3,9% de toda la superficie forestal y casi el 2% de la superficie de todo el Estado español. Esto quiere decir que desde el 2000 al 2006 ha ardido tanta superficie como todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

Una dinámica similar ha seguido el número de grandes incendios (incendios que afectan a una superficie superior a 500 ha). Entre 1986 y 1994 el número de grandes incendios se mantuvo alto, aunque con grandes altibajos de unos años a otros. En este periodo se produjeron una media de 60 grandes incendios anuales. A partir de esa fecha se produce un importante descenso (23 incendios anuales de media) que sin embargo han vuelto a ascender a partir de 2004 alcanzando los 54 grandes incendios en 2006. Este último dato se debe fundamentalmente a los grandes incendios registrados en Galicia durante el mes de agosto.

Distribución territorial de los incendios

La distribución territorial de los incendios demuestra que, en contra de lo que cabría esperar por sus características meteorológicas, el territorio más afectado, en cuanto a número de incendios y superficie quemada, no es el arco mediterráneo sino el noroeste peninsular, con un clima atlántico o continental húmedo. Más del 70% de los incendios forestales en España se producen en las comunidades del noroeste peninsular, a la vez que más del 60% de la superficie forestal y casi el 50% de la superficie arbolada afectada por el fuego se encuentran en dichas comunidades. Concretamente en Galicia se producen más de la mitad, el 53,6% de los incendios españoles, y le siguen Castilla y León (debido especialmente a los incendios de las provincias de León y Zamora) con un 10%, y Asturias con un 7,8% de los incendios.

Esta distribución territorial de los incendios pone en evidencia que el elemento esencial de los incendios no es el factor climático, sino la intencionalidad de los mismos. Muy
relacionado con esta circunstancia hay que señalar el hecho de que España se sitúe en el segundo lugar, sólo detrás de Portugal, en cuanto a número de incendios y superficie
quemada con respecto al resto de países mediterráneos de Europa (España, Francia,
Grecia, Italia y Portugal).

Formaciones vegetales y especies más afectadas

La formación vegetal más afectada por el fuego es el matorral y monte bajo, 57% de la
superficie total incendiada, seguido del monte arbolado, el 31%, (cuadro 1). Las especies arbóreas más afectadas han sido las coníferas, con 94.500 hectáreas quemadas entre 2003 y 2005 (Cuadro 2), mientras que las especies de coníferas más afectadas son el pino negral (Pinus pinaster), seguido del pino carrasco (Pinus halepensis). Por su parte, la superficie afectada de frondosas ha sido inferior a la de coníferas, ya que en los tres últimos años han sumado 80.111 hectáreas. Las especies más afectadas son la encina (Quercus ilex) y el eucalipto, especialmente el Eucaliptus globulus. Hay que tener en cuenta que aunque la superficie total de distribución de las diferentes especies de eucalipto es unas cuatro veces inferior a la de la encina o el pino negral, muchos años es la frondosa más afectada por el fuego. Por último, las consecuencias ambientales de los incendios sobre las coníferas suelen ser mucho peores que las producidas sobre las frondosas.

Consecuencias de los incendios forestales

Los incendios forestales producen enormes daños ambientales. De éstos, el más fácilmente apreciable es la pérdida de calidad paisajística debido a la destrucción de la cubierta vegetal y a una evolución de ésta hacia series regresivas. El efecto de los incendios sobre la fauna es la muerte de aquellos animales que no pueden escapar del fuego o la migración de otros por la pérdida de pastos y hábitats. El suelo se ve afectado por la alteración de la estructura edáfica y el aumento del riesgo de degradación provocando la pérdida de suelo fértil y el avance de la erosión. Como consecuencia de la pérdida de suelo, se altera drásticamente el ciclo hídrico al disminuir la infiltración y, con ello, las reservas hídricas subterráneas, aumenta la escorrentía y el riesgo de crecidas en arroyos y vaguadas con la llegada de lluvias torrenciales. Además, los incendios forestales son una importante fuente de emisión de gases de efecto invernadero (hasta un 1% del total de emisiones en el Estado español) y , por tanto, una de los factores que contribuyen al cambio climático.

Además, estos incendios suponen también todos los años la pérdida de vidas humanas y grandes daños en explotaciones, cultivos y viviendas. Desde 1986 se han producido 187 víctimas mortales, y en el periodo 2003-2006 ha existido un preocupante incremento en el número de víctimas muy posiblemente relacionado con la virulencia de los incendios forestales de estos últimos años.

Las pérdidas económicas y las fuertes inversiones necesarias para paliar los efectos de los incendios son otras de las consecuencias de estos incendios. Por ejemplo, en 2005 las pérdidas producidas por los incendios más los gastos en extinción ascendieron a
126.646.192 euros.

Teniendo en cuenta que en la práctica totalidad de las CCAA los gastos de extinción se
hacen a costa de detraer inversiones de otras actuaciones en medio ambiente, en muchos casos relacionadas con la gestión y conservación de espacios y especies protegidas, resulta preocupante el progresivo incremento de esta partida, especialmente en comparación con los presupuestos existentes para prevención de incendios y conservación de la naturaleza en general.

Causas de los incendios forestales

En el Estado español los incendios forestales son mayoritariamente producidos por el ser humano, concretamente el 78% de los incendios, aspecto que revela la escasa conciencia de la población sobre el valor económico, social y ecológico de los montes y la importancia de su conservación. Mientras que del 16% se desconoce su causa y el 4% tienen su origen en rayos.

Entre las motivaciones y causas conocidas de los incendios forestales destacan las quemas agrícolas (31,75%)y las quemas para obtención de pasto (21,9%). Otros motivos son: pirómanos, personas con alguna alteración patológica (7,58%); incendios reproducidos (3,38%); fumadores (2,65%); relacionados con la caza (2,31%); trabajos forestales (2,20%); motores y máquinas (2,14%). El 19,12% restante se divide entre quema de basuras y escape de vertederos, hogueras, venganzas, vandalismo, obtención de madera a bajo precio, recalificaciones de terrenos, modificaciones de uso del suelo (de forestal a agrícola), disensiones en la titularidad de los montes, etc.

El análisis de las causas de los incendios por áreas geográficas demuestra la existencia de dos situaciones muy diferenciadas dentro del Estado español, ya que mientras que en el noroeste peninsular existe un elevado número de incendios mayoritariamente
intencionados, en el resto del país la mayoría de los incendios son causados por
negligencias.

En el noroeste peninsular (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora) el 75% de los incendios son intencionados, especialmente para eliminar matorral o monte bajo, obtener pastos para el ganado, o para quemar rastrojos. Esta
situación es sumamente grave si tenemos en cuenta que más del 70% de los incendios
forestales en el Estado español se producen en dicha área geográfica. En Galicia, el 84% de los incendios son intencionados. En Cantabria, suponen el 69% de los siniestros y en el País Vasco, el 46%. En Asturias, el 66% de los incendios son de
causas desconocidas; de los incendios con causa conocida, el 76% son intencionados, lo
que hace sospechar que gran parte de los incendios de causa desconocida son
intencionados. De las provincias castellano-leonesas incluidas en este área, Zamora sufre un 77% de incendios intencionados y León, un 40%.

Sin embargo, en el área mediterránea el 49% de los incendios son causados por
negligencias, el 28% son intencionados, un 9%, son causados por la caída de rayos y un
13% son de causa desconocida.

Por comunidades autónomas las negligencias causan el 56% de los incendios en las Islas Baleares; el 53%, en Cataluña; el 50%, en Ceuta; el 47%, en Andalucía; el 45%, en la Comunidad Valenciana; y el 42%, en Murcia. Mientras que los incendios intencionados rondan el 30% en todas las comunidades del arco mediterráneo. En cuanto a los siniestros iniciados por rayos, destaca la Comunidad Valenciana con un 23%.

En las comunidades interiores, las negligencias provocan el 38% de los incendios, mientras que el 27% son intencionados (gráfico 11). Resulta alarmante que el 24% de los incendios sean de causa desconocida y destaca el 10% de incendios atribuidos a rayos. En Aragón las negligencias generan el 52% de los incendios; en Castilla La Mancha el 47%; en Navarra el 42% y en Castilla y León (incluidas León y Zamora) el 36%. Esta última comunidad alcanza el 46% de incendios intencionados, mientras Extremadura alcanza el 41%. El resto de comunidades interiores poseen porcentajes relativamente bajos de siniestros intencionados: Castilla La Mancha, 20%; Navarra, 19%; Aragón, 10% y Madrid, 6%.

También alcanzan cierta importancia en estas comunidades los incendios atribuidos a
rayos, pues tanto Castilla y León como Castilla La Mancha son las comunidades que más
incendios registran por esta causa de todo el Estado, seguidas de Aragón, donde esta
causa supone el 30% de los siniestros.

En Canarias casi el 100% de los incendios son de origen antrópico ya que apenas se
producen rayos, el 41% son intencionados; el 34% debidos a negligencias; y el 23%, de
causa desconocida (gráfico 11). Es la comunidad autónoma con menor número de
incendios, sólo el 0,37% en el período 96-05 pero con una gran importancia por la variedad, el valor ambiental y la reducida extensión de sus ecosistemas, en comparación con algunos ecosistemas peninsulares.

Especialmente importante es señalar el elevado porcentaje de incendios con causa
desconocida en determinadas CCAA como: Madrid con un 67%, Asturias con un 66% y
Extremadura con un 37%. El caso de Madrid resulta aún más llamativo teniendo en cuenta que es la CCAA que más invierte por hectárea y año en prevención y extinción de
incendios. Es un buen ejemplo de la inadecuada gestión e inversión que en muchos casos se hace en incendios forestales. Si se desconocen las causas de los incendios difícilmente puede realizarse una adecuada política de prevención, siendo por ello totalmente imprescindible priorizar el estudio de las causas para poder evitar que se produzcan, y así reducir las inversiones en extinción.

Lugar de comienzo de los incendios

Un dato relevante es conocer dónde se inician los incendios, ya que ayuda a esclarecer la dinámica de los incendiarios. Los datos muestran que la mitad de los incendios (50%) se originan cerca de caminos de acceso a los montes, carreteras, pistas forestales y sendas (cuadro 9). Es decir, en lugares que facilitan la penetración en las zonas forestales. Se da la circunstancia que gran parte de las actuaciones de prevención se centra en la apertura de nuevas vías de entrada a los montes en forma de pistas forestales y cortafuegos. Sin duda estos datos demuestran que antes de plantearse la apertura de nuevos accesos se debe valorar adecuadamente el riesgo potencial aparejado.

Además, en los últimos años se ha revelado como un gran riesgo las urbanizaciones
construidas en zonas forestales. Estos núcleos urbanos, en ocasiones construidos de forma ilegal, y en casi todos los casos sin contar con las medidas de autoprotección adecuadas, se han convertido en una de las zonas de mayor riesgo de inicio de incendios.

Medidas preventivas llevadas a cabo actualmente por las administraciones
ambientales

La mayoría de las actuaciones englobadas dentro del término prevención que desarrollas las administraciones no suelen ser realmente preventivas, ya que no inciden sobre las causas de los incendios. La verdadera prevención consiste en evitar las causas que originan los incendios, no en intentar controlar uno ya iniciado. Cuando el 78% de los incendios tienen su origen en causas humanas, la prevención estriba en conocer el origen de los incendios, actuar sobre las causas que lo motivan y así evitar que se produzcan y sancionar a los responsables de acuerdo a la gravedad del siniestro.
Sin embargo esta visión de la prevención no ha sido tenida en cuenta por las diferentes
CCAA hasta los dramáticos acontecimientos del incendio de Guadalajara en 2005. Sólo a
partir de este momento el Ministerio de Medio Ambiente primero y en 2006 buena parte de las CCAA han tomado medidas para limitar las actividades y usos de alto riesgo en el
monte.

De hecho, en el 2006 la asunción de medidas como las propuestas por parte de las
Comunidades Autónomas ha supuesto, la disminución del número de incendios (un 30%
menos que la media del decenio), aunque la superficie afectada por los mismos se ha
mantenido por encima de la media del decenio (un 21% más). Esta evolución se puede
considerar positiva si no tenemos en cuenta los graves acontecimientos sucedidos en
Galicia durante dos semanas del mes de agosto.

Dentro de los distintos tipos de áreas cortafuegos, las tradicionales fajas cortafuegos son las de mayor impacto sobre el medio, tanto paisajístico como de efectos erosivos, al
eliminar toda la vegetación en una franja de terreno y siguiendo líneas de máxima
pendiente, y de dudosa eficacia para detener el avance del fuego. Sin embargo, las fajas
auxiliares, realizadas en los márgenes de infraestructuras lineales (carreteras, pistas, líneas férreas, etc.) o en sustitución de fajas cortafuegos, generan menor impacto, disminuyen el riesgo de inicio de incendios en las cercanías de las infraestructuras lineales y facilitan el trabajo y, en su caso, la huida de los medios de extinción. En las masas monoespecíficas de repoblación, otra alternativa a las fajas cortafuegos es la realización de claras que disminuyan la densidad y la progresiva introducción de frondosas autóctonas que generen discontinuidades en la vegetación.

Además, las limpiezas indiscriminadas de matorral y monte bajo producen un impacto
ambiental considerable, reduciendo la biodiversidad de los ecosistemas, por lo que
deberían restringirse a los márgenes de las infraestructuras lineales y realizados de manera selectiva en las áreas cortafuegos.

Por su parte, las pistas forestales facilitan el acceso a los montes tanto a los medios de
extinción como a los incendiarios. No en vano, el 50% de los incendios se inician junto a
caminos. Además, la apertura de nuevas pistas no siempre está justificada, ni evaluados
los daños al ecosistema, por lo que deberían justificarse debidamente y someterse, en
todos los casos, a la evaluación de impacto ambiental. También debería elegirse bien el
lugar donde se van a ubicar los depósitos de agua para extinción de incendios, tan
importantes llegada la ocasión.

Participación social y voluntariado.

Los esfuerzos institucionales para el fomento de voluntariado para el desarrollo de acciones y labores de apoyo en materia de incendios forestales han sido muy escasos. Por unos u otros motivos, son casi inexistentes este tipo de iniciativas. Esto está suponiendo una infrautilización de personas con conocimientos del terreno y con interés en implicarse en la lucha contra los incendios forestales.




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